¿Cuál es el plan?

El Gobierno se ha dejado arrebatar la iniciativa. Tanto el presidente como otros políticos del PP han descalificado el paso dado por Artur Mas y Oriol Junqueras para celebrar elecciones en Cataluña el 27 de septiembre, considerándolo como la prueba del fracaso del presidente de la Generalitat y de su inoperancia como gobernante. Puede ser. Es más, seguramente lo es. Pero lo cierto es que la táctica de esperar a que los demás se muevan no hace desaparecer los problemas. Al contrario, estos vuelven a la casilla de salida.

Editoriales anteriores

Mas impone su juego (15/01/2015)

Pésimo final (20/11/2014)

Ni Rajoy ni sus colaboradores directos han contestado a las 23 peticiones que Mas planteó en su encuentro del 30 de julio con el presidente del Gobierno. ¿Por qué? No tenían que ver con la reclamación independentista. Abarcaban desde una reforma financiera a la mejora de infraestructuras, y Rajoy se comprometió a considerarlas, pero han pasado más de seis meses sin contactos entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat.

La cuestión no puede reducirse a esperar el resultado judicial de la querella contra Mas, en la perspectiva de su eventual inhabilitación. El proyecto de elecciones y los preparativos soberanistas obligarán a los ciudadanos de Cataluña a tomar decisiones, con el riesgo de que esto acelere el conflicto latente entre ellos, además del problema que supone para el conjunto de los españoles.

Tras el lanzamiento del proyecto electoral por Mas —el tercero en cinco años, se dice pronto—, Rajoy podría verse afectado en su propio calendario. Pero eso no es lo más importante. La cuestión central es la oferta que esperan los muchos catalanes que no quieren el independentismo ni se conforman con el statu quo. La calma con que se lo toma el Ejecutivo resulta excesiva frente a unos políticos soberanistas cargados de planes y sobrados de mañas, que pretendenvender la ilusión de dedicar los ocho próximos meses a la construcción de “estructuras de Estado” y a la realización de “actos de soberanía”.

La hipótesis de una severa erosión de la cohesión ciudadana y del propio Estado encierra el suficiente peligro como para que el tratamiento de la cuestión sea el de un problema importante. Bien está que se detallen las facilidades financieras prestadas a Cataluña para superar su problema de liquidez, pero no es la única autonomía afectada por ello. Tampoco sirve de mucho denunciar líneas rojas cuando no se muestra ninguna línea verde, como podrían ser la mejora del autogobierno autónomo, una financiación singular (pero solidaria), la asunción de la lengua y la cultura catalanas como una riqueza para todos o la instalación de un futuro Senado federal en Cataluña, en la perspectiva de una reforma de la Constitución.

Hay que reiterarlo cuantas veces haga falta: los asuntos de Estado requieren diálogo, negociación y búsqueda de consensos. Si al PP no le gustan los proyectos de los otros actores políticos, estaría bien que explicara el suyo de una vez.

fuentes http://elpais.com/elpais/2015/01/16/opinion/1421438999_464761.html

Igualdad y diversidad en el problema catalán

Un jurista tan eminente, lúcido y experimentado como Francisco Rubio Llorente, que entre otros desempeños fue presidente del Consejo de Estado, advertía no hace mucho en La Vanguardia(29/09/2014) que “sería injusto hablar solo de los despropósitos del Govern de la Generalitat, porque despropósito es también la reacción del Gobierno de España". No cometeré la osadía de glosar los despropósitos jurídicos de unos y otros, que buenos glosadores tienen, pero subrayo que Rubio Llorente, en esa ocasión y en artículos posteriores, sostiene que el problema catalán no es un problema jurídico, ni puede solucionarse —sino más bien complicarse— por la vía de su judicialización, en la que gasta energías el Gobierno español. El problema catalán es un problema político cuya solución, inexorablemente, solo puede llegar por la vía de la reforma del engarce de Cataluña con el resto de España plasmado en la Constitución de 1978, engarce que ya ha dado de sí todo lo que podía dar tras la progresiva recentralización de algunos de sus eslabones.

Sean cuales sean los despropósitos del Gobierno de la Generalitat, lo inédito a tener en cuenta es que la ciudadanía catalana hizo patente, con una rotundidad cada vez más robusta, su profundo malestar, primero ante la situación creada y luego ante la insensibilidad a este respecto del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

El 10 de julio de 2010, el malestar se manifestó, de manera pacífica y silenciosa, ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006, dictada en el mes de junio. Desplazado a la oposición en 2004, el Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, que aglutina desde el nacionalismo españolista más rancio hasta la derecha más moderna, desató una campaña contra la reforma del Estatuto catalán, incluyendo la promoción del boicoteo a los productos originarios de Cataluña. Entrado en vigor el Estatuto en agosto de 2006, la campaña se tradujo en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite en el mes de septiembre. En contraste con esta rapidez, años de dilaciones y maniobras internas y externas que afectaban a la composición del tribunal que tenía que resolverlo precedieron a la sentencia, que acogió lo sustancial del recurso. Con ello, probablemente quedará para la historia como el punto final puesto al deterioro progresivo sufrido por el engarce Cataluña/España de la Constitución de 1978. Un Tribunal Constitucional, sacudido por luchas políticas netamente partidistas, pudo corregir en 2010 el Estatuto de 2006, cuya elaboración había obtenido sucesivamente el voto favorable del Parlamento de Cataluña y del Congreso de Diputados (diputados que, según la Constitución, representan al pueblo español en que reside la soberanía nacional) y que, a su vez, había sido refrendado por los ciudadanos catalanes. El solo hecho de que tal aberración fuera posible clamaba por la urgente modificación del procedimiento constitucional de aprobación de los Estatutos de Autonomía.

La ciudadanía ha hecho patente su profundo malestar

A esta poderosa motivación del malestar ciudadano se sumó la indiferencia de que haría gala y virtud el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, tras ganar las elecciones de noviembre de 2011 con mayoría absoluta. La indiferencia prosiguió después de la manifestación de la Diada de 2012, expresión rotunda de la amplitud que iba alcanzando el malestar ciudadano; con tal fuerza que Artur Mas se sintió impelido a ponerse al frente del independentismo, pese a salir elegido en noviembre de 2010 con el programa de CiU que remitía al catalanismo político moderado correspondiente al perfil dominante en su militancia y entre los ciudadanos cuyo voto atrae. Mariano Rajoy siguió sin darse por enterado y, arguyendo que su obligación era respetar las leyes y a su cabeza la Constitución, respondió con la judicialización del problema. Bajo esta amenaza llegó la jornada del 9-N de 2014, en que 2,3 millones de ciudadanos consideraron obligado depositar una papeleta que sabían vana para alcanzar sus aspiraciones, dentro de una urna que también sabían inocua para ello. Esta exhibición de civismo demostró, según Mariano Rajoy, que “sólo” un tercio de los votantes catalanes respaldaba la opción independentista, como si un apoyo de esta magnitud fuera cosa despreciable para quien ejerce la responsabilidad del Gobierno de España. La judicialización ha dejado por el camino la dimisión del Fiscal General del Estado, y sólo resta esperar plácidamente que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, más tarde que pronto, fabrique o no nuevos mártires del independentismo catalán.

Esta perspectiva preocupante no es astucia de gobernante que confía en que el paso del tiempo puede resolver los problemas, pues Mariano Rajoy, en un reciente mensaje, ha recordado que los Gobiernos tienen como misión resolver problemas, no crearlos. Es su propuesta ante el problema catalán, basada tanto en la convicción roqueña de que nada se ha de reformar en la Constitución  como en una gobernanza diaria que merece como mínimo el calificativo de poco amable con los ciudadanos catalanes. Dos actuaciones que afectan a Cataluña y a las islas Baleares ilustran este último punto. Una, que afecta al idioma, elemento muy sensible e importante en el pacto constitucional de 1978, alteró el sistema escolar de ambas comunidades con medidas que parecen ideadas para originar un conflicto lingüístico donde nunca había existido. Otra, una propuesta de distribución de la inversión pública entre comunidades autónomas para 2015 que, en inversión pública por habitante, deja a las islas Baleares en el último lugar que ya venían ocupando, pese a un incremento simbólico; y deja a Cataluña en el último lugar de las comunidades peninsulares, maltratada con la cifra más baja en 17 años y con el mayor recorte relativo. Actuaciones que poco contribuirán a apaciguar el malestar de Cataluña, donde conviven catalanes de origen y catalanes de adopción, tan pacíficamente que ha podido verse a José Montilla, de origen andaluz, desempeñar con absoluta normalidad su mandato como presidente de la Generalitat.

El meollo de las campañas del PP, con Mariano Rajoy de líder, primero en la oposición y luego desde el Gobierno, es la difusión de un estado pasional contra la Cataluña victimista e insolidaria, imagen inspirada en el error de los políticos catalanes que esgrimen el expolio sufrido apelando al llamado déficit fiscal. Sobre la naturaleza de este error he escrito años atrás y no es el momento de volver sobre ello. En el lado de los impuestos y tasas fiscales, Cataluña solo tiene que reivindicar una redistribución más equilibrada de su rendimiento entre la Administración Central y el conjunto de las comunidades autónomas, y si ello procede, la corrección de privilegios que supondrían una competencia desleal desde otras comunidades. Es en el lado del gasto público donde se produce la gran injusticia con Cataluña, cuyos ciudadanos, que son los que pagan impuestos y tasas, tienen derecho a servicios públicos de educación, sanidad y asistencia social y a infraestructuras de nivel igual al de los ciudadanos de otras comunidades. La actual discriminación que se traduce, a título de ejemplo, en mayores pagos a colegios concertados, seguros sanitarios o peajes de autopista, perjudica sobre todo a los ciudadanos de rentas más bajas que también existen en Cataluña.

Los catalanes de origen y los de adopción conviven perfectamente

En su mensaje de fin de año, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha insistido en que “el reconocimiento de la diversidad no puede ser excusa ni para privilegios ni para discriminaciones”. Palabras dictadas por el sentido común y constitucionalmente impecables. El reconocimiento de la diversidad, inscrito en el artículo 2 de la Constitución, que distingue entre las nacionalidades y las regiones que integran la unidad de España, no puede amparar privilegios.

La Constitución admite en otro artículo la existencia de “diferencias entre los Estatutos de las diferentes Comunidades Autónomas” y dispone que esas diferencias “no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales” (art. 138). Susana Díaz proclama también en su mensaje que Andalucía es la Comunidad que “con más coraje y determinación está apostando por la igualdad entre todos los ciudadanos de nuestro país, vivan donde vivan”. Sin duda, la igualdad tiene que abarcar a todos los ciudadanos, cualquiera que sea la comunidad en que residan y, además, tiene que respetar la diversidad: tratar igual a dos situaciones diferentes sería tan injusto como tratar distinto a dos situaciones iguales.

Josep Lluís Sureda fue asesor de Josep Tarradellas en su negociación con Adolfo Suárez para el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña.

fuentes http://elpais.com/elpais/2015/01/15/opinion/1421337977_982346.html

Ardor de guerra

Todos somos Charlie Hebdo y, además, no somos estúpidos. Aprovechando el duelo, hay algunos que quieren meternos de contrabando una nueva Cruzada con estandarte laico. Ante esta operación de desinteligencia, conviene refrescar la memoria. La memoria histórica no es una industria, es una necesidad. Aquí la industria más boyante ha sido, y es, la de la desmemoria. Si hay una defensa eficaz frente al terrorismo y los crímenes contra la humanidad, esa es la justicia universal. En España se la ha amputado con motosierra y estamos ante el peligro de una deforestación de derechos. La última prueba es la decisión de dar carpetazo a la investigación por la muerte de miles de españoles en Mauthausen. En nuestro país deberíamos estar muy alertas ante este tipo de contrabando donde lo sectario se pega a lo legal como el dinero falso al verdadero. Hay una propensión en los profetas Mano Dura a llevarlo todo a la dialéctica de amigos y enemigos, con la producción predilecta de enemigos “interiores”. Hace tan sólo unas décadas, algunos recordarán, España fue escenario de una Cruzada. En la Cruzada moderna, no hace nada, el enemigo de Dios era la República. El demonio no era el señor Marx, sino la Institución Libre de la Enseñanza. Está en los discursos y los preámbulos de las leyes de la dictadura. En medio del “ardor de guerra” que se atiza hoy en Europa, olvidando el fracaso belicista de Bush, habría que escuchar más a los que llevan años trabajando en la justicia universal y por los derechos humanos en el islam. El verdadero militar no jalea la guerra. Sabe que no es lo mismo tomar trincheras en el café que tomar café en las trincheras. Pero se nos han llenado los periódicos de pollos que toman las trincheras en el café.
fuentes http://elpais.com/elpais/2015/01/16/opinion/1421420646_855325.html

Guerra

Llámenme tibio, pejiguero o, peor aún, una combinación de las dos cosas, pero no me termino de encontrar cómodo con la decisión del Gobierno francés de, como reacción más inmediata al atentado contra Charlie Hebdo, seguido de un atentado antisemita que parece haber quedado desdibujado, formular la lucha contra el terrorismo yihadista como una guerra. Tampoco es que sea pacifista: apoyé (confieso) la intervención militar en Libia contra Gadafi, en la que Francia tuvo un papel primordial, y me quedé bastante solo defendiendo que el empleo de armas químicas por parte de El Asad merecía, como mínimo, un par de días de bombardeos y una zona de exclusión área. Diré que las intervenciones, también lideradas por Francia, en Malí y la República Centroafricana me han parecido, en lo esencial, correctas y proporcionales. Como también me lo ha parecido la participación de sus fuerzas aéreas en el bombardeo de las posiciones de las tropas del Daesh en Irak, a las que hubiera deseado que se sumaran más fuerzas armadas europeas, entre ellas las españolas.

Quizá todo eso significa que en el fondo ya estábamos en guerra y que el Gobierno francés solamente ha verbalizado una realidad preexistente. Pero aún con todo ese bagaje intervencionista, que alguien denostaría como propio de un peligroso y errado “intervencionista liberal”, me chirría lo que subyace a la imagen de Hollande despidiendo las tropas a bordo del portaaviones Charles de Gaulle o la decisión de revisar su presupuesto de defensa. Puede que el empleo del término guerra tenga un origen emocional y refleje una decisión tomada demasiado rápidamente ante un más que comprensible estado de shock colectivo. Pero puede que sea una decisión demasiado calculada, donde predominen más elementos de cálculo políticos y electorales que un frío análisis estratégico sobre cómo mejor luchar contra el terrorismo. Quizá esté demasiado condicionado por la experiencia de Estados Unidos, que tras el 11-S enmarcó su respuesta a los atentados bajo ese mismo prisma, con consecuencias que en lo esencial fueron negativas, tanto desde el punto de vista de la eficacia de esa lucha como por el impacto negativo que tuvo sobre los derechos y libertades que entonces se quisieron preservar.

No se trata, entiéndase, de un resquemor de origen moral; la guerra es un mal menor pero aceptable en casos de legítima defensa. Si lo quisiera, Francia obtendría el amparo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la activación del artículo 5 del Tratado de Alianza Atlántica o la cláusula de solidaridad prevista en el Tratado de Lisboa. Pero no, en mi caso se trata más de un cinismo más bien primario: si la guerra, según la definición clásica de Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios, antes de empezar una guerra sería bueno saber cuál es la política. Porque de lo contrario, como estamos viendo estos días, en ausencia de un análisis a fondo sobre objetivos, instrumentos y estrategias, lo que termina abriéndose es un espacio donde de forma bastante arbitraria se mezclan discusiones sobre recortes de derechos y libertades, argumentos identitarios sobre la integración o la inmigración y controversias sobre quiénes son o deberían ser nuestros aliados en esta lucha. Dado que si vamos a la guerra no va a ser una guerra fría, convendría saber antes de empezarla cómo vamos a luchar, con quién lo vamos a hacer y con qué objetivos últimos.

Sígueme en @jitorreblanca y en el blog Café Steiner en elpais.com.

fuentes http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/15/actualidad/1421339216_910532.html

El independentismo ante las urnas

La noticia era de esperar. Tras dos años y medio de movilización casi permanente, el soberanismo catalán necesitaba urgentemente dejar atrás los actos de participación ciudadana y afrontar, de una vez por todas, un proceso electoral. En los últimos años, los independentistas han dejado acreditada en numerosas ocasiones su extraordinaria capacidad de movilización en las calles. Su asignatura pendiente es poner a prueba su fuerza en las urnas y demostrar que realmente el deseo de independencia es mayoritario entre los catalanes.

No hay duda de que el avance de las elecciones responde en gran parte al temor a que se produzca un cansancio en las filas independentistas

No hay duda de que el avance de las elecciones responde en gran parte al temor a que se produzca un cansancio en las filas independentistas. Y es que cualquier movimiento social es finito: no puede esperarse que la ciudadanía esté instalada en la protesta en las calles de forma indefinida. En este sentido, unas elecciones después del verano permitirían a los catalanes acudir a las urnas antes de que se noten los efectos de un previsible cansancio del movimiento soberanista.

El avance electoral también ayuda a sortear otro de los principales escollos a los que se enfrenta el independentismo: Podemos. Hasta la fecha, las encuestas muestran a un electorado catalán profundamente dividido en función de su identidad nacional. Cada comunidad cuenta hoy con un menú propio de partidos: los ciudadanos que se sienten esencialmente catalanes votarían a CiU, ERC o la CUP, y los que se sienten españoles o tienen una identidad mixta (tan catalanes como españoles) optarían por Podemos, Ciutadans, PP o PSC. Atrás quedaron esos tiempos en que PSC y CiU se definían como partidos transversales capaces de atraer apoyos de ambas comunidades nacionales. Actualmente, sólo los socios catalanes de Izquierda Unida (ICV) conseguirían la hazaña de romper esta frontera que divide a los catalanes y atraer a un electorado heterogéneo en su identidad nacional.

Podemos representaría una amenaza letal para un PSC ya muy moribundo, pero sería relativamente inocuo para las fuerzas soberanistas

Por el momento, las encuestas son claras: en unas elecciones autonómicas catalanas, Podemos debería conformarse con ganar votos esencialmente del sector españolista. El partido de Pablo Iglesias es la primera fuerza en intención de voto entre el electorado con una identidad española o mixta, pero su atractivo electoral se reduce sustancialmente entre el electorado con identidad catalana. Así, los datos indican que la extraordinaria habilidad de Podemos para marcar la agenda política de nuestro país se diluye cuando llega a Cataluña.

Desde esta perspectiva, Podemos representaría una amenaza letal para un PSC ya muy moribundo, pero sería relativamente inocuo para las fuerzas soberanistas. No obstante, es importante destacar que las fronteras entre las dos comunidades nacionales podrían desvanecerse en unas eventuales elecciones generales. A la hora de escoger los representantes al Congreso de los Diputados, un volumen muy importante de votantes de ERC (alrededor del 20%) estaría dispuesto a cambiar su voto a favor de Podemos.

No hay duda de que las fuerzas independentistas tienen un enorme interés en que se mantenga este escenario político con un electorado catalán férreamente dividido en dos comunidades nacionales. Es por este motivo por el que las elecciones autonómicas debían producirse antes que las generales. De lo contrario, la campaña electoral catalana podía quedar contaminada por las dinámicas políticas a nivel nacional, lo que facilitaría que Podemos pudiera, por fin, penetrar con fuerza entre el electorado catalanista a costa de ERC y, con ello, poner el soberanismo en serias dificultades.

Lluís Orriols es doctor por la Universidad de Oxford y profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid.

fuentes http://politica.elpais.com/politica/2015/01/15/actualidad/1421346442_799256.html

Vulnerabilidad financiera

Para una economía inmersa en una crisis de deuda externa, la estadística más determinante es la balanza de pagos. Entre enero y octubre de 2014 hemos vuelto a incurrir en déficit exterior por 5.400 millones frente al superávit de 11.200 millones del mismo periodo de 2013. Ha bastado una pequeña recuperación del consumo privado para volver al déficit y aumentar la deuda externa. Y lejos de cambiar el modelo de crecimiento lo estamos reforzando, concentrando capital y empleo en turismo de todo incluido, compitiendo con México, Turquía y Egipto. El resultado será empleos y salarios precarios similares a los de esos países.

Las exportaciones de bienes estuvieron casi estancadas y registraron en 2014 el peor comportamiento desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008. La depreciación del euro ayudará a paliar esta situación. Pero el menor crecimiento del comercio mundial, principal causa del desplome del precio de las materias primas, no permitirá mucho crecimiento vía exportaciones. Por esta razón es tan importante que la Eurozona apruebe planes de estímulo fiscal para reactivar el crecimiento interno, especialmente de Francia nuestro principal cliente de exportaciones. El Plan Juncker es un paso en la buena dirección pero claramente insuficiente y con graves errores de diseño.

En España se debería estar trabajando en un plan de largo que mejore nuestras universidades, nuestra investigación y que elimine todas las restricciones que impiden que empresas pequeñas se conviertan en grandes y generen miles de empleos de calidad y con mejores salarios. Pero después de tres años perdidos la prioridad es concentrar todos los esfuerzos en la propaganda en año electoral.

Pero lo más preocupante es lo que está pasando en la balanza financiera. Desde las elecciones europeas en mayo, los inversores internacionales han reducido su posición en bonos y acciones españolas por valor de 23.000 millones, el 2% del PIB. Para no perder el sentido de la magnitud en el verano de 1992 la fuga de capitales fue del 1% del PIB y el Gobierno tuvo que devaluar tres veces la peseta. La deuda pública vuelve a ser comprada por bancos españoles, como sucedió en los primeros meses de 2012. Recordemos que después de aquella euforia llegó el rescate.

La bajada de la prima de riesgo tras la intervención milagrosa de Draghi hace que para muchos fondos de alto riesgo la periferia europea no sea rentable y justifica las ventas. La Bolsa española estaba muy sobrevalorada y también justifica ventas. Pero el dinero huye de Europa y por eso se deprecia el euro. Esto tiene que ver con el esperado QE del BCE y el fin del QE de la Fed. Pero también por riesgo político. Syriza lidera las encuestas en Grecia y Podemos ha subido con fuerza en España y ambos incluyen en sus programas una reestructuración de deuda.

Financial Times, The Economist, etcétera vuelven a la paranoia de España es Grecia. Amancio Ortega y su familia podrían vender sus acciones de Inditex y comprarse con ese dinero todas las empresas que cotizan en la bolsa griega. Es agotador volver a tener que demostrar que España no es Grecia. Pero la visita del presidente del Gobierno en Atenas ha puesto todos los focos de nuevo en España y todo apunta a que la fuga de capitales lejos de resolverse irá a más.

fuentes http://economia.elpais.com/economia/2015/01/15/actualidad/1421353860_337924.html

Halcones y palomas de la libertad de expresión

El rápido paso del ‘Je suis Charlie’ al “yo no soy Charlie” promueve la autocensura y convierte a una sociedad en rehén del despotismo

Curiosamente, el miércoles del atentado en París sobraba indignación en el mundo en defensa del principio inalienable de la libertad de expresión. El jueves ya empezaron los peros, los sin embargos y los no obstantes, según muchas voces, justificados para no ofender la sensibilidad religiosa de los musulmanes. Algunos pasaron rápidamente del Je suis Charlie al “yo no soy Charlie”, expresando oposición a la sátira por irresponsable e innecesariamente provocativa. Fue como si de pronto surgieran los halcones y las palomas de la libertad de expresión.

Sea por temor o por ser políticamente correctas, surgió entre las palomas la desafortunada noción que la provocación en cuestión promovió el ataque. Es un argumento que revictimiza a la víctima. Uno piensa inmediatamente en la literatura feminista, por ejemplo, plagada de escenarios de esta naturaleza, desde el atuendo de la mujer en casos de agresión sexual hasta la inconveniencia de desafiar la autoridad del hombre en casos de abuso. Voluntariamente o no, es un razonamiento que casi siempre llega a una sutil justificación de la violencia en cuestión. Al final uno hasta puede olvidarse de la nada sutil diferencia que existe entre el grafito y el plomo.

Independientemente de ser un ultra de la libertad de expresión —como quien aquí escribe—o un moderado —como aquellos dispuestos a “partir la diferencia”— toca encontrarle sentido a tanto sinsentido, el ataque terrorista y el debate. Una primera reflexión es que las comunidades islámicas europeas tienen una tremenda disyuntiva frente a sí, un doble estándar de gigantescas proporciones que deben resolver. Gozan de los derechos y garantías que les otorga un Estado constitucional, mientras varios de sus miembros —que no son pocos, sean violentos o pacíficos— intentan restringir a otros el uso de esas mismas libertades. Como se dice en inglés: they can’t have it both ways.

Surgió entre las palomas la desafortunada noción que la provocación en cuestión promovió el ataque

Dicho de otro modo, en su amplia mayoría, las comunidades musulmanas son comunidades inmigratorias. En muchas de sus sociedades de origen —donde la vida colectiva está organizada bajo el paradigma del Islam— los individuos no gozan de los derechos que les garantiza la arquitectura del constitucionalismo liberal. No hay más que pensar en las personas que practican otra religión, en los homosexuales y en las mujeres que cometen adulterio. Si Charlie Hebdo invitó a la violencia con su sátira, pues la indefinición de los musulmanes sobre estos principios, y su persistente rechazo a la asimilación, contribuyen a su propia exclusión y, peor aún, alimentan a la derecha xenófoba y racista, igualmente antiliberal. El multiculturalismo es muy viable, es solo que la hipocresía no lo ayuda.

La segunda reflexión es que el derecho a la blasfemia, principio muy en juego en esta crisis, no existe por el deseo malévolo de ofender al creyente. Existe porque sin ese derecho no hay secularización, es decir, no es posible una real separación entre Iglesia y Estado, piedra basal del constitucionalismo y la democracia. Este principio es para la política lo que la separación entre el conocimiento derivado de la fe y los hechos objetivos comprobables son para la epistemología, un quiebre intelectual específico al racionalismo y el positivismo, ambos franceses en origen, justamente.

Dadas estas bifurcaciones políticas y cognitivas, el derecho a la blasfemia es el derecho a considerar al dogma religioso como una narrativa como cualquier otra, y por ende susceptible de la crítica a la que se somete a cualquier otra. La sátira de Charlie Hebdo, su sarcasmo, su burla —del Islam y de otras religiones por igual— es la misma burla que uno puede leer en la crítica de una película aburrida, de un libro mediocre o de una exposición de pintura poco estimulante. Simplemente se trata del derecho a rechazar verdades reveladas.

Las comunidades islámicas europeas tienen una tremenda disyuntiva frente a sí, un doble estándar de gigantescas proporciones que deben resolver

El problema de las palomas, aquellos dispuestos a renunciar a algunas libertades, es que pasan por alto que la libertad de expresión ya es un compromiso, un encuentro a mitad de camino y un acto de enorme moderación, la que deviene del hecho de darle a todos el mismo reconocimiento, la misma legitimidad. Desandar ese camino, y por ejemplo declinar o moderar ese derecho, primero, obliga a una sociedad a la autocensura y, en el largo plazo, la convierte en rehén de los déspotas.

La tercera reflexión es que aquí no hay conflicto religioso ni choque de civilizaciones, una lógica que, por otra parte, desconoce que las peores barbaries de la historia de la humanidad ocurrieron dentro de las civilizaciones, no entre ellas. El argumento que Occidente es el gran enemigo de la militancia radical islámica pierde fuerza explicativa cuando uno ve que el genocidio en Siria, el secuestro de niñas en Nigeria y la matanza de escolares en Pakistán han ocurrido en nombre de los mismos principios religiosos con los cuales se ejecutaron a los caricaturistas franceses.

El término que falta en esta ecuación es la política, la política en el mundo árabe y en el Islam. La religión actúa como excusa discursiva para actores a veces estatales, otras no estatales, y últimamente protoestatales que buscan consolidar regímenes despóticos. El terrorismo es cada vez menos la respuesta a las lejanas invasiones de Afganistán e Irak, y cada vez más la consecuencia del dramático fracaso de la primavera árabe, la cuarta ola democratizadora que llegaría al medio oriente. La ola llegó, chocó contra el paredón en la explanada del autoritarismo y se retiró mar adentro para no regresar por el futuro previsible.

No hay más que mirar a Egipto, de quien nadie habla con ocasión de esta tragedia, el país más poblado del medio oriente donde el despotismo religioso de la Hermandad Musulmana perdió el poder en manos del despotismo secular de Al Sisi. No sabemos cuánto de aquel proyecto religioso se vehiculiza hoy por medio del Califato de Mosul, lejos de Egipto. Una vez más, el conflicto más profundo no es entre civilizaciones.

Y, finalmente, si se trata del lápiz como símbolo de las libertades fundamentales, quienes vivimos en la orilla occidental del Atlántico no podemos dejar de recordar a Bonil, el caricaturista ecuatoriano, verdadero halcón de la libertad de prensa y pionero del uso del lápiz como método de defensa de sus derechos. En esta parte del mundo es el Estado, en lugar del terrorismo, el que ataca la libertad de prensa. Lo hace con un sistema judicial esclavo del poder político. Si bien menos brutal es igual de arbitrario y con efecto similar: la autocensura primero, y luego la sociedad como rehén del autoritarismo.

La moraleja es que nunca se puede ser demasiado extremo, demasiado halcón, cuando se trata de la libertad de expresión. Nous sommes tous Charlie.

Twitter @hectorschamis

fuentes http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/10/actualidad/1420857946_902803.html

Involución

La reforma que permite investigar las comunicaciones sin previo control judicial es clamorosamente inconstitucional

Los recientes crímenes terroristas de París han desencadenado en Europa iniciativas legislativas de limitación de derechos, estimadas como imprescindibles para hacer frente a un peligro que subsiste. Se trata de dotar a los gobiernos y a la policía de facultades discrecionales ágiles, sin las trabas dilatorias del control judicial. Generalmente tales limitaciones son aceptadas por la población, justificadas porque son excepcionales y temporales. Pero cuando, finalmente, desaparece la inminencia del motivo, o la excusa por la que se limitan los derechos, estas permanecen, cronificándose como una amputación democrática irreversible.

El poder Ejecutivo es, desde sus orígenes, expansivo. Su control corresponde al poder Judicial desde que se instauró la división de poderes, y se produce en una constante tensión. En España, un buen ejemplo de esta tensa relación entre el poder Ejecutivo y el Judicial nos lo ofrece el proyecto del Gobierno que pretende poder intervenir las comunicaciones privadas de los ciudadanos, sin someterse al previo control judicial.

Este es el propósito del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 propuesto por el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá. Esta ley debe regular, en primer lugar, las garantías para que las actuaciones del Estado en la investigación de los delitos respeten rigurosamente los derechos del investigado, del ciudadano. Uno de ellos es el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones que, según la Constitución, solo pueden ser intervenidas por la policía cuando exista una previa autorización judicial debidamente motivada. La Constitución previó una excepción a esta regla, para los supuestos de integrantes de bandas armadas o elementos terroristas. Según una ley de 1988, en estos casos la policía puede intervenir las comunicaciones por orden del ministro del Interior, aunque en las siguientes 24 horas el juez debe confirmar o denegar la orden.

El anteproyecto del ministro Catalá, que más parece del de Interior Jorge Fernández Díaz, pretende extender esta excepción a otros supuestos no previstos en la Constitución. Pretende que el ministro del Interior, o en su defecto el secretario de Estado de Seguridad, puedan ordenar la intervención de las comunicaciones en los cuatro supuestos concretos que enumera, que son los delitos penados con más de tres años de prisión, los de organizaciones criminales, de terrorismo, o delitos contra menores o incapaces. Y añade un último supuesto de amplitud ilimitada, referido a otros delitos, cuando, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención.

El anteproyecto del ministro Catalá, que más parece del de Interior Jorge Fernández Díaz, pretende extender esta excepción a otros supuestos no previstos en la Constitución

Evidentemente, cuando dice otros delitos se está refiriendo a delitos distintos de los cuatro supuestos enumerados. Y queda en las manos políticas del ministro la apreciación de las demás circunstancias de forma discrecional, y además inevitable porque el control judicial sería, en todo caso, posterior a la intervención policial.

El preámbulo del anteproyecto explica detalladamente las razones de la necesaria adaptación de la vieja ley de 1882 a la realidad tecnológica de las comunicaciones del siglo XXI. Pero no dice absolutamente nada sobre las razones de una limitación generalizada del derecho al secreto de las comunicaciones. En la misma línea, el ministro de Justicia trató de justificar la reforma, hace pocos días, aludiendo a los delitos de organizaciones criminales, de terrorismo o contra los menores, como pretendida razón de la medida, pero tampoco hizo la más mínima referencia a esos otros delitos que seleccionaría discrecionalmente el ministro del Interior.

La Constitución ya disponía de una previsión excepcional de intervención de comunicaciones antiterrorista, que desarrolló la ley de 1988. No hay razón confesable para pretender eludir los controles judiciales constitucionalmente establecidos, dándonos a todos igual tratamiento que a los terroristas. El anteproyecto es anterior a los crímenes terroristas de París y sus consecuencias policiales europeas. Por eso tampoco sirven como excusa para justificar esta involución legislativa.

Así pues, la clamorosa ausencia de razones obliga a concluir que la reforma legal para limitar el derecho al secreto de las comunicaciones no tiene más objetivo que ampliar desorbitadamente el ámbito de poder del Ejecutivo, eludiendo el previo, y al parecer incómodo, control judicial.

El Consejo General del Poder Judicial, con su proverbial mesura, ha dicho que, en este punto, la reforma legal es de dudosa constitucionalidad. Sin embargo, parece que no es en absoluto dudosa la inconstitucionalidad. Es clamorosa e indiscutible. Es un atropello directo al derecho constitucional de secreto de las comunicaciones. Es una amputación democrática de temibles consecuencias, inadmisible.

José María Mena fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia d

fuentes http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/01/15/catalunya/1421354464_673082.html

Poderoso imán

El último sondeo del CEO catalán revela que los contrarios a la independencia superan por primera vez a los partidarios: 45,3% frente a 44,5%. Pero si los datos hubieran sido los inversos, ligera mayoría por la independencia, la conclusión habría sido la misma: no hay base suficiente para seguir con una aventura que divide a la población en dos mitades.

Ahora la cuestión es directamente la independencia y en ese campo no es evidente que Mas pueda mantener su liderazgo sobre el conjunto

Hasta el 9-N, el objetivo de la consulta mantuvo unidos a todos los partidarios de un genérico derecho a decidir, incluyendo sectores poco inclinados hacia el independentismo. Tras el simulacro de referéndum y sus ambiguos resultados (muchos catalanes a favor de la separación, pero más que se abstienen de apoyarla), ese principio no basta para cohesionar a fuerzas como Unió y Esquerra, Convergencia e Iniciativa. Ahora la cuestión es directamente la independencia y en ese campo no es evidente que Mas pueda mantener su liderazgo sobre el conjunto: los de Esquerra se ven con más derecho y de ahí la pugna de estos días sobre el siguiente paso: las elecciones plebiscitarias.

El argumento de Junqueras para oponerse a la lista única de Mas fue inicialmente que con varias candidaturas sumarían más votos. Seguramente tenía razón en esto: a oferta más diversificada, mayor espacio nacionalista, como se verificó en el País Vasco tras la aparición de HB primero y de EA después. Pero ese argumento cedió luego ante la cuestión bizantina de la presencia de independientes en las listas. Mas reclama que solo los haya en su lista, para singularizarla como la candidatura nacional, de país, y protegerse de un nuevo fracaso. Pero lo decisivo parece ser la cuestión de la fecha electoral.

Junqueras tiene prisa. La protesta radical común a toda España ha venido expresándose en Cataluña en clave nacionalista: a más indignación, mayor fervor independentista. Esquerra quiere aprovechar esa dinámica (y la debilidad del partido de los Pujol) para arrebatar a Convergencia la hegemonía nacionalista. Y empuja a Mas a convocar antes de que se pase el fervor. O se divida entre ellos y los de Podemos.

La aparición de un posible receptor del descontento social situado fuera del campo nacionalista puede romper equilibrios establecidos

El partido de Pablo Iglesias ha irrumpido como un poderoso imán capaz de atraer a votantes radicalizados por la crisis y la corrupción y que participaron en la consulta en nombre del derecho a decidir pero que, según las encuestas, no se consideran independentistas, sino federalistas o autonomistas. La aparición de un posible receptor del descontento social situado fuera del campo nacionalista puede romper equilibrios establecidos y afectar especialmente a Esquerra. Es lo que ya ha sido detectado en el País Vasco en relación a la izquierda abertzale. Según el Euskobarómetro de este otoño, Podemos podría tener tantos escaños como ahora tiene EH-Bildu, que perdería un tercio de los suyos.

Dirigentes catalanes de la nueva formación han declarado (La Vanguardia. 4-1-2015) que no consideran “prioritario” el tema de la independencia y que “no toman partido” sobre ella, limitándose a “habilitar espacios de debate para que el ciudadano decida”. Planteamiento que recuerda al de Euskadiko Ezkerra cuando teorizó que, una vez garantizado el autogobierno, el nacionalismo debería convertirse “en un asunto tan privado como la religión”. La práctica demostraría la dificultad del empeño. En un contexto condicionado por ETA, la resistencia al fanatismo identitario les llevó a anclarse en la autonomía como único marco capaz de respetar a la vez el pluralismo y la libertad.

fuentes http://politica.elpais.com/politica/2015/01/14/actualidad/1421259762_336004.html

Nuestros terroristas

Ante los atentados terroristas de París, hemos tenido la sensación de que sus autores son gente de otro mundo, de otra civilización, muy distinta de la nuestra. Para unos, profundamente equivocados, los terroristas son, simplemente, seguidores de Mahoma y por ello matan. Para otros, con mayor acierto, estos terroristas son seguidores de una rama radicalizada del islam, producto de una interpretación parcial y literal del Corán. En todo caso, la opinión dominante estos días es que el terrorismo es hoy casi un monopolio de los musulmanes.

Con ello olvidamos a nuestros terroristas, a los terroristas europeos de los últimos años, especialmente a los españoles. Digo especialmenteporque no todo el terrorismo en la civilizada Europa de nuestros días tuvo lugar en España. Recordemos las Brigadas Rojas en Italia o la banda Baader-Meinhoff en Alemania, terrorismo de corte izquierdista. No olvidemos tampoco el terrorismo del IRA irlandés, cuyas raíces ideológicas eran nacionalistas y católicas. Todos mataban, robaban, secuestraban y extorsionaban en nombre de ideas, en principio, respetables.

Con todo ello quiero decir que no juzguemos a los terroristas que llevan a cabo atentados en nombre de la religión musulmana, de Mahoma y del Corán, como algo tan extraño al modo de pensar y de vivir occidental: nosotros también hemos tenido nuestros terroristas, que han actuado en nombre del comunismo, del nacionalismo y de la religión. Pero España ha sido especial porque es donde más ha durado el terrorismo, de hecho, hasta nuestros días: ETA aún no se ha disuelto. Quizás muchos de los que piden dureza contra los terroristas islámicos en nombre de la libertad de expresión y de la democracia fueron complacientes con ETA porque tenían connivencia con sus ideas aunque difirieran de sus métodos. Ahora, como se trata de musulmanes, su condena es absoluta; antes, como se trataba de nacionalistas, se miraba hacia otro lado y se evitaba la condena.

Recuerdo un caso que me impresionó. A principios de los años noventa yo formaba parte de la junta directiva de una antigua ONG radicada en Barcelona. Cada año se entregaba un premio a personas o entidades que se distinguían por su defensa de los derechos humanos reconocidos por la ONU. El jurado estaba compuesto por los miembros de la directiva y era costumbre que el premio se otorgara por unanimidad. Cada año, todos los miembros del jurado, menos uno, queríamos premiar a Gesto por la Paz, quizás la primera organización vasca que se atrevía a condenar el terrorismo. Año tras año, este solitario compañero de junta ponía el veto. Hasta que falleció no se la pudo premiar. No era hombre violento, era cordial en el trato, razonable en todo menos en una cosa: consideraba que para defender a la patria (a lo que él llamaba patria, claro) todo estaba justificado, incluso matar. Lo decía así de claro y no creía que Gesto por la Paz defendiera los derechos humanos porque anteponía su idea de nación a la idea de libertad. Y precisamente ahí está la clave para comprender la naturaleza del terrorismo en las sociedades libres.

El terrorismo es, por naturaleza, totalitario y los terroristas, sean de la ideología que sean, son antidemócratas

En efecto, el terrorismo causa víctimas directas, las más visibles son los muertos y heridos, también la desolación que ello causa en familiares y amigos. Pero la finalidad de los terroristas, con excepciones, no es la desaparición de las personas objeto de un atentado, sino infundir miedo en el resto de la población para que esta no sea libre, tanto de expresarse como de ejercer cualquier otra de las libertades civiles y políticas: votar, asociarse, reunirse, hasta pensar. Indirectamente, la sociedad entera es víctima del terrorismo porque se le impide ejercer aquello que es normal en una democracia.

El terrorismo es, por naturaleza, totalitario y los terroristas, sean de la ideología que sean, son antidemócratas: lo que pretenden es imponer sus ideas por la fuerza mediante el miedo. Esto es lo que ha ocurrido, y todavía ocurre, en el País Vasco: miedo a decir lo que se piensa, miedo a expresar en público lo que se dice en privado y aún, muchas veces, ni se atreven a decirlo en privado, en el más estrecho círculo de familiares y amigos. Esto es lo que se pretende con el terrorismo. En los años de plomo del País Vasco, cuando desde Cataluña comparabas a ETA con el más duro fascismo, siempre había alguien que te llamaba exagerado o cosas peores, incluso te decía que el fascista eras tú. No era así, ni mucho menos, al contrario, quien no comprendía la auténtica naturaleza del terrorismo, sus verdaderos objetivos, era él, cómplice sin saberlo de un sistema totalitario. Este fue el caso, entre tantos otros, del amigo que vetaba el premio a Gesto por la Paz.

El terrorismo islámico actual es uno más en la historia, distinto de los otros por su carácter global, fruto de la emigración. Pero su principal causa, como los demás, está en dar primacía al fanatismo sobre la tolerancia, al absolutismo de una única verdad por encima de la duda sistemática.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional

fuentes http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/01/13/catalunya/1421174305_085370.html

Fotografías que hieren, titulares que irritan

En periodismo no hay nada tan contundente como una buena fotografía. Y esto es especialmente evidente en el caso de catástrofes naturales, accidentes o atentados terroristas. Los últimos días de 2014 y los primeros de 2015 se han visto ensombrecidos por sucesos terribles que EL PAÍS ha cubierto valiéndose de imágenes de gran crudeza en algún caso. ¿Hemos sobrepasado los límites que nos impone el respeto a las víctimas? Sí, en opinión de algunos lectores que me han escrito para quejarse de ello.

El atentado del que fue objeto el semanario satírico francés Charlie Hebdo, el miércoles 7 de enero, ha dejado imágenes escalofriantes. EL PAÍS publicó ese mismo día en su página web una fotografía estremecedora que fue portada de la edición impresa del día siguiente. Un lector, Carles Gascó, me escribió esa misma noche para preguntar por qué este periódico, “al igual que han hecho otros muchos en España, ha escogido publicar en su edición digital las imágenes del abatimiento y remate en el suelo de un policía indefenso. Estas imágenes y vídeo no parecen haber sido divulgadas en la prensa digital francesa. ¿Creen realmente necesario ese recurso al horror para reflejar la noticia?”.

La elección de las fotografías de portada corresponde al director. En su nombre, el director adjunto, David Alandete, explica: “EL PAÍS publica sólo imágenes que, como prescribe el Libro de Estilo, tienen ‘valor notarial’. Del atentado terrorista en París, el peor vivido en Francia en medio siglo, publicamos en portada una foto que refleja la barbarie cometida en toda su intensidad: una toma de vídeo que muestra a dos encapuchados apuntando a una víctima en el suelo, antes del asesinato. Es, sin duda, un valioso testimonio de los acontecimientos relevantes de los que el cámara fue testigo, que es lo que recomienda el Libro de Estilo. Muestra un instante decisivo de un comportamiento propio de guerras, no de las calles de una capital europea. La instantánea, además, da una valiosa información para el lector, por la indumentaria y forma de portar las armas de los asesinos, y por la indefensión en la que mataron a su duodécima víctima”.

La sección de Fotografía manejó ese día unas 800 fotos del suceso. No deja de ser elocuente que la imagen elegida para ilustrar la portada de EL PAÍS fuera una de las más utilizadas por los diarios de todo el mundo, con excepción de los franceses, que se abstuvieron de mostrar en sus portadas la escena del gendarme encañonado por los terroristas.

No es la única fotografía cuya publicación nos reprochan los lectores. Francisco Javier Barbado me escribió dos mensajes para protestar por dos diferentes imágenes de portada. La del 2 de enero, que aludía a la trágica estampida producida la noche de fin de año en Shanghái, que se saldó con decenas de jóvenes muertos, y la que dominaba la portada del diario el 31 de diciembre pasado, en la que podía verse un momento del rescate de un pasajero del vuelo QZ8501 de AirAsia que se precipitó al mar el 28 de diciembre pasado. La imagen del cadáver semidesnudo era impactante. El lector lamenta que mostremos en portada estas imágenes porque constituyen en su opinión una falta de respeto a personas fallecidas trágicamente.

David Alandete señala que ambas fotografías, “la del rescate en el Índico y la escena de la estampida de año nuevo en Shanghái, muestran las consecuencias de dos accidentes con numerosas víctimas, una con un cadáver apenas identificable y otra con heridos desmayados en el suelo. Se ajustan al Libro de Estilo, que dice al respecto que imágenes de este tipo ‘sólo se publicarán cuando añadan información”.

La imagen del rescate de un cadáver semidesnudo no añade nada

Creo, no obstante, que en el caso del pasajero del avión siniestrado, la elección es más que discutible. La imagen no añade nada a la noticia, salvo el horror de ver un cuerpo sin vida, expuesto al mundo de la manera más terrible.

No sólo las fotografías tienen la capacidad de impactar, también los titulares de portada están concebidos para atraer de inmediato la atención de los lectores. El que ilustraba la edición impresa de EL PAÍS del 5 de enero, con gran despliegue tipográfico, ha causado algunas protestas. El titular abordaba una noticia exclusiva que tenía amplio desarrollo en las páginas interiores del diario. La fiscalía ve indicios de delito en las finanzas de todos los partidos, anunciaba el título. La fiscalía en cuestión es la del Tribunal de Cuentas, pero el artículo publicado en la sección de España no incluía en realidad a todos los partidos, de hecho, en esas páginas, el título hablaba de casi todos los partidos.

Un lector, Antonio Segura, me ha remitido una carta en la que protesta porque, pese a la contundencia del titular, en el texto se citan varios partidos, pero no todos. No se mencionan, “UPyD, Ciutadans o Podemos, por ejemplo. A IU y PAR se les cita como expedientados por el Tribunal de Cuentas, pero no acusados de delito y desde luego no por la fiscalía. Salvo que quieran consolidar la muy extendida opinión (sin embargo falsa) de que ‘todos son iguales’ no se entiende esta negligencia”.

Otros dos lectores, militantes de UPyD, han expresado una queja similar. Carlos Fernández Cron señala: “En UPyD nos esforzamos por mantener limpias y cristalinas nuestras cuentas, tanto las privadas como partido como las públicas que gestionamos. No me parece justo que se nos quiera meter a todos en el mismo saco. No represento a UPyD ni hablo en su nombre. Lo hago en el mío propio porque me ha dolido esa velada acusación”.

Ignacio Alonso Martínez llega a preguntarse incluso si EL PAÍS está en contra de ese partido que es el suyo, basándose en que ese mismo día se publicó también un editorial que, a su juicio, abundaba en la misma generalización. “Esto me lleva a varias reflexiones. La primera es subrayar la pésima forma de dar una noticia de este calado y la irresponsabilidad de un periódico que parece más interesado en meter el dedo en la llaga de la desconfianza ‘por curados de espanto que estemos’ (en palabras de su editorialista). ¿En qué quedamos? O todos, o casi todos, o los más importantes, o los partidos grandes… ¿Quieren dar la sensación de que otros partidos menos ‘grandes’ o menos ‘importantes’ pudieran también estar pringados? ¿A qué viene esta generalización?”.

David Alandete responde nuevamente. “En la portada del 5 de enero se resumió la idea del informe del fiscal del Tribunal de Cuentas, señor Olayo González Soler, con el titular La fiscalía ve indicios de delito en las finanzas de todos los partidos. Se detectaban indicios de irregularidad en las cuentas del 2012 en la inmensa mayoría de los partidos con representación parlamentaria, incluidos ‘unos 1,7 millones de euros que CDC contabiliza como ingresos por servicios sin su correcta acreditación; 9,5 millones condonados a Unió; 1,3 millones no declarados al fisco por el PP; préstamos supuestamente falsos del PSOE a sus fundaciones por valor de, al menos, 4,4 millones de euros; o 4,9 millones derivados de una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca por parte del PNV’. Son prácticamente la totalidad de los partidos. De otros, más pequeños, como IU o el PAR, decía la información que se detectó ‘una supuesta vulneración de la ley de financiación’, pero que ‘la tardanza en fiscalizarlos era tan dilatada que los asuntos ya estaban prescritos en el momento de examinarlos’. A Podemos no se le podía examinar entonces porque no existía en el año de las cuentas auditadas, 2012, como partido”.

Es cierto que el titular no afecta a Podemos por razones obvias, pero es cierto también que ‘todos’ implica totalidad sin exclusiones y no es razonable pretender que se interprete como ‘la inmensa mayoría’. Por tanto, el titular de primera no responde fielmente a la información y no cumple las exigencias del Libro

fuentes http://elpais.com/elpais/2015/01/09/opinion/1420818912_099258.html