viernes, 28 de febrero de 2014
domingo, 23 de febrero de 2014
Cabezas de la prensa española decapitadas
ESPAÑA En las últimas semanas los directores de los periódicos más influyentes de España fueron descabezados. ¿Qué hay detrás de esta movida: dificultades económicas, un reacomodo editorial más afín al poder, o ambos?
Desde hace unos meses, una amenazante guillotina se pasea por los corredores de los grandes diarios españoles. Sus víctimas no están entre los periodistas y trabajadores rasos, sino en las amplias oficinas de dirección. En diciembre pasado cayó José Antich, la cabeza de La Vanguardia de Barcelona de
sde hacía 13 años; a principios de febrero rodó la cabeza de Pedro J. Ramírez, el polémico director de El Mundo; y el martes pasado El País anunció que Javier Moreno dejaría de dirigir el diario. La epidemia fue letal, en tres meses reemplazaron los tres directores de los tres diarios más importantes del país, medios que no siempre siguieron la línea editorial sugerida por el gobierno de Mariano Rajoy, pero que también enfrentan una crítica situación financiera.
La pregunta del millón, que circulaba en las redes sociales con tono complotista, era: ¿hay una estrategia del palacio de la Moncloa para doblegar periódicos críticos aprovechando su difícil coyuntura económica? A Pedro J., como es conocido quien fundó y dirigió El Mundo durante 25 años, no le queda duda alguna. En su despedida, frente a una sala de redacción conmovida, dijo “maldito el día que hablé con Bárcenas. Aquí empieza el vía crucis, cuatro horas con Bárcenas. Maldita sea la suerte del día que a mí se me ocurrió ser reportero por una mañana”.
Pedro J. se refería a un artículo que él mismo escribió en julio pasado, después de reunirse con Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular (PP), en la que este aceptaba la existencia de una doble contabilidad y de una caja negra para financiar campañas y alimentar las cuentas de altos dirigentes del movimiento, entre los que estarían José María Aznar y el propio Rajoy. Pedro J. escribía además una columna combativa, que no dudaba en atacar de frente al presidente español.
En el caso de La Vanguardia, como le dijo a SEMANA el periodista español Gumersindo Lafuente, quien trabajó en El Mundo y El País, “siempre ha sido un medio conservador y su situación se complicó por el debate sobre la consulta en torno a una posible independencia de Cataluña”. Cuando el fervor nacionalista se tomó la región, el hoy exdirector Antich se volvió el portavoz de esa apuesta. Fue un mal cálculo político, pues los sueños soberanista sufrieron golpes electorales y se debilitó la posición del periódico. En ese momento, según varios artículos, el dueño de La Vanguardia, el conde Javier Godó, quien ostenta el título de Grande de España, recibió una advertencia del rey Juan Carlos. Prefirió dar marcha atrás y sacar a Antich.
En El País el cambio también se hizo en medio del escándalo. Hace dos semanas, parte de la redacción recibió un extraño correo electrónico de Antonio Caño, el corresponsal en Washington, que en realidad iba dirigido a Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa, dueño de El País. En el mensaje Caño le sugería cambios y criticaba a su director y a algunos colegas. El tono del mail dejaba claro que Javier Moreno estaba bajo amenaza y un par de días después se confirmó su reemplazo. Desde ya algunos dicen que Caño es cercano al PP, conservador y representa el ala derechista del diario. Sin embargo, con la crisis económica, la posición de Moreno no era la mejor y la mayoría de los periodistas se oponían a su gestión luego de que despidió a 129 trabajadores en 2012.
Desde 2007, cuando empezó la crisis española, los ingresos publicitarios de los periódicos han caído un 65 por ciento. El País, que vendía hace un lustro 435.083 ejemplares, ya no imprime más de 292.226. En 2013 la editora de El Mundo perdió 176 millones de euros. Y el beneficio del Grupo Godó cayó un 67 por ciento en 2012. La situación es desesperada.
Por eso, a pesar de los escándalos que cercan a Rajoy y a la monarquía, estos medios necesitan de todos modos cambios profundos para enderezar la situación. Lo preocupante es justamente eso. Como dijo Lafuente, “en la debilidad económica de estos tres periódicos y, en realidad, de todos los demás, radica el verdadero problema. Tener independencia sin utilidades es una quimera”.
La pregunta del millón, que circulaba en las redes sociales con tono complotista, era: ¿hay una estrategia del palacio de la Moncloa para doblegar periódicos críticos aprovechando su difícil coyuntura económica? A Pedro J., como es conocido quien fundó y dirigió El Mundo durante 25 años, no le queda duda alguna. En su despedida, frente a una sala de redacción conmovida, dijo “maldito el día que hablé con Bárcenas. Aquí empieza el vía crucis, cuatro horas con Bárcenas. Maldita sea la suerte del día que a mí se me ocurrió ser reportero por una mañana”.
Pedro J. se refería a un artículo que él mismo escribió en julio pasado, después de reunirse con Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular (PP), en la que este aceptaba la existencia de una doble contabilidad y de una caja negra para financiar campañas y alimentar las cuentas de altos dirigentes del movimiento, entre los que estarían José María Aznar y el propio Rajoy. Pedro J. escribía además una columna combativa, que no dudaba en atacar de frente al presidente español.
En el caso de La Vanguardia, como le dijo a SEMANA el periodista español Gumersindo Lafuente, quien trabajó en El Mundo y El País, “siempre ha sido un medio conservador y su situación se complicó por el debate sobre la consulta en torno a una posible independencia de Cataluña”. Cuando el fervor nacionalista se tomó la región, el hoy exdirector Antich se volvió el portavoz de esa apuesta. Fue un mal cálculo político, pues los sueños soberanista sufrieron golpes electorales y se debilitó la posición del periódico. En ese momento, según varios artículos, el dueño de La Vanguardia, el conde Javier Godó, quien ostenta el título de Grande de España, recibió una advertencia del rey Juan Carlos. Prefirió dar marcha atrás y sacar a Antich.
En El País el cambio también se hizo en medio del escándalo. Hace dos semanas, parte de la redacción recibió un extraño correo electrónico de Antonio Caño, el corresponsal en Washington, que en realidad iba dirigido a Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa, dueño de El País. En el mensaje Caño le sugería cambios y criticaba a su director y a algunos colegas. El tono del mail dejaba claro que Javier Moreno estaba bajo amenaza y un par de días después se confirmó su reemplazo. Desde ya algunos dicen que Caño es cercano al PP, conservador y representa el ala derechista del diario. Sin embargo, con la crisis económica, la posición de Moreno no era la mejor y la mayoría de los periodistas se oponían a su gestión luego de que despidió a 129 trabajadores en 2012.
Desde 2007, cuando empezó la crisis española, los ingresos publicitarios de los periódicos han caído un 65 por ciento. El País, que vendía hace un lustro 435.083 ejemplares, ya no imprime más de 292.226. En 2013 la editora de El Mundo perdió 176 millones de euros. Y el beneficio del Grupo Godó cayó un 67 por ciento en 2012. La situación es desesperada.
Por eso, a pesar de los escándalos que cercan a Rajoy y a la monarquía, estos medios necesitan de todos modos cambios profundos para enderezar la situación. Lo preocupante es justamente eso. Como dijo Lafuente, “en la debilidad económica de estos tres periódicos y, en realidad, de todos los demás, radica el verdadero problema. Tener independencia sin utilidades es una quimera”.
fuenteshttp://www.semana.com/mundo/articulo/reemplazan-directivos-de-los-principales-medios-de-la-prensa-espanola/378104-3
Crecer para pagar
La política económica de Mariano Rajoy y su equipo se ha basado en la estabilidad financiera. Dicha estabilidad implica una fuerte reducción del déficit y, en consecuencia, de la deuda pública, a través de drásticos recortes presupuestarios que han tenido consecuencias perjudiciales para el Estado de bienestar. Pero no se puede decir que la política de estabilidad española haya tenido éxito. El déficit público no se cumplió en los estrictos términos comprometidos con Europa en 2012 y probablemente tampoco se habrá cumplido en 2013; en cuanto a la deuda, no ha cesado de crecer en 2012 (más de 15 puntos del PIB, hasta llegar al 85,95% del PIB) y en 2013 ha alcanzado un nuevo record. Se ha situado en el 93,7% del PIB, casi ocho puntos más que el año anterior.
El crecimiento inmoderado de la deuda pública anula los beneficios que se desprenden del descenso de la prima de riesgo, causada básicamente por la firmeza del Banco Central Europeo (BCE) cuando anunció su disposición a tomar todas las decisiones necesarias para frenar la especulación contra las deudas nacionales, especialmente las de España e Italia. Lo que se gana por el ahorro en la retribución de las emisiones se va perdiendo por la subida de lo adeudado. Por otra parte, no está claro si en los 961.555 millones de deuda reconocidos para 2013 se incluyen las ayudas a Novacaixagalicia o se contabilizarán en 2014. En todo caso, una deuda pública tan elevada debilita considerablemente la posición de la economía; obliga a destinar enormes cantidades al cumplimiento con los acreedores (38.000 millones el año pasado, más de 30.000 millones en 2014), es decir, a detraerlas de la inversión o de los gastos sociales.
El ritmo de endeudamiento sugiere plantear otra estrategia. Es necesario, en primer lugar, generar superávit primario; es imprescincible conseguir tasas nominales de crecimiento económico que sean superiores al coste de la deuda para que sean firmes las expectativas de devolución. El problema no es ya de estabilidad —menos déficit a cualquier precio social o de actividad— sino también de recuperación sostenida de la economía. Es evidente que la política actual quizá pueda conseguir un recorte del déficit, aunque con enormes dificultades; pero lo que desde luego no parece perseguir como tal con el mismo o mayor ahínco si cabe es el crecimiento.
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/02/17/opinion/1392666730_482572.html
TRIBUNA España persigue el modelo alemán
En términos generales, lo que la política económica del Gobierno ha pretendido es convertir España en una especie de “Alemania del Mediterráneo sur”. Y se entiende por qué. En tanto que la economía española se contrajo casi en un 7% entre 2008 y 2013, después del derrumbe de un modelo económico descompensado, excesivamente basado en el ladrillo, y de que la tasa de paro desestacionalizado se multiplicara por tres, y más, hasta alcanzar el 26% (el número de empleos en la construcción se desplomó, pasando de 2,4 millones a 1), la economía alemana creció un 3% y su tasa de paro se redujo hasta el 6,9%. ¿Hasta dónde ha avanzado España en el plan del Gobierno?
El éxito más notable se ha observado en la exportación de bienes y servicios (sobre todo los primeros), cuyo porcentaje del PIB aumentó significativamente hasta alcanzar alrededor del 35% en 2013. A España aún le queda mucho para alcanzar a la locomotora exportadora germana (50% del PIB), pero avanza en la dirección adecuada. El incremento de las exportaciones españolas, alentado por la mejora de la productividad y la competitividad, conseguida gracias a reducciones o congelaciones salariales, ha sido más rápido que el de Alemania, aunque su base sea mucho menor, y el pronóstico es que aumente de nuevo este año.
En 2012 los costes laborales unitarios relativos (CLUR) de España se situaron por debajo de los de Alemania por primera vez desde 2005 (según el indicador que en ese año fija en 100 el punto de partida común). Esos costes continuaron cayendo en 2013 y el pronóstico es que la tendencia siga este año, en tanto que los alemanes crecen. Sin embargo, la competitividad de Alemania no solo se debe a sus costes salariales, sino fundamentalmente a su elevado nivel tecnológico (el gasto alemán en I+D se sitúa en el 2,3% de PIB, frente al 1,3% de España) y a la calidad de sus productos.
Además, según las últimas cifras de la OCDE, los españoles trabajaron un promedio de 1.686 horas en 2012, 289 más que los alemanes, lo cual desmiente la extendida percepción de que Alemania “mantiene” a un país de siesta y fiesta.
No obstante, España sigue estando lejos del modelo alemán. En 2012, el peso de la industria española (incluyendo energía, pero no construcción) era del 17,4% del PIB frente al 25,8% de Alemania, y en 2011 (último dato) solo un 5,9% del total de las empresas españolas eran pymes o grandes conglomerados (el 18,2% en Alemania). Según el último informe Ease of doing business (Facilidad para hacer negocios)del Banco Mundial, en Alemania hacen falta 14 días para poner en marcha una empresa, frente a los 23 de España. El régimen fiscal también es débil: según las previsiones de la OCDE, en 2014 los ingresos públicos españoles se situarán en un 36,4% del PIB (44,8% en Alemania).
Los españoles trabajaron un promedio de 1.686 horas en 2012, 289 más que los alemanes, lo cual desmiente el tópico de que Alemania “mantiene” a un país de siesta y fiesta
Además, a pesar de las reformas “liberales” del Gobierno, España perdió tres puestos (pasando del 46º al 49º, de una lista de 165 países) en el Índice 2014 de Libertad Económica de la Heritage Foundation, unthink tank conservador estadounidense. Alemania aparece en el puesto 18º.
La diferencia más flagrante entre España y Alemania es la brecha existente entre sus índices de paro. La gravedad de la crisis de desempleo española ha llegado a tal punto que en 2013 el país, que representa alrededor del 11% del PIB de la eurozona y tiene 47 millones de habitantes, tenía el 31% del total de parados del área (5,9 millones), en tanto que Alemania (con 82 millones de habitantes y el 30% del PIB) solo tenía al 15% (2,9 millones). Esta desproporción no puede achacarse al sistema de kurzarbeit germano (según el cual las empresas se comprometen a evitar los despidos, optando más bien por reducir sus jornadas laborales, en tanto que el Gobierno compensa una parte de los ingresos que pierden los trabajadores), ni tampoco a la legislación laboral española.
Ni siquiera cuando la economía española crecía a buen ritmo antes de la crisis, dejó la tasa de desempleo de situarse de manera sostenida por encima del 8% (un punto por encima de la tasa alemana actual), lo cual sugiere que el mercado laboral es estructuralmente disfuncional. Este problema tiene que ver con el modelo económico y, a su vez, con un sistema educativo que produce índices excesivos de abandono escolar.
No es extraño que Alemania se haya convertido en el país favorito de parados jóvenes españoles, con frecuencia bien formados. La efusión hacia Alemania es copiosa, pero también el número de los que regresan sin ser capaces de encontrar un empleo adecuado (se calcula que dos de cada tres emigrados acaba volviendo). Según la Agencia Federal de Empleo de Alemania, en 2012 había allí casi 50.000 españoles con empleo, lo cual no constituye una cifra enorme y desde luego no es un éxodo.
El desafío al que se enfrenta España es el de crear un modelo económico sostenible, distinto al que se ha venido abajo, para que la gente no sienta la necesidad de emigrar.
William Chislett es autor de Spain: What everyone needs to know, publicado por Oxford University Press en el año 2013.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo. fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/02/10/opinion/1392029153_675296.html
Tres libros para educar
He expresado a menudo mi convencimiento de que, en los próximos años, los dos principales factores de crecimiento de nuestras economías (tanto la española como la catalana) deberán ser un alto nivel de calidad de nuestro capital humano y una fuerte cohesión social. Actualmente se habla mucho, y con razón, de los salarios, de los costes de la energía, de los costes financieros, de los impuestos, y de otros elementos de competitividad. Pero una sociedad como la nuestra, situada en Europa, utilizando la moneda común, y compitiendo en el mercado global, debe analizar con mayor profundidad el papel que deben jugar la productividad y la innovación.
Además, debe poner su atención en la influencia positiva que tienen sobre las dos, un alto y equilibrado nivel de formación personal y una disminución de las grandes desigualdades sociales. Existe una clara coincidencia entre las sociedades mejor educadas y más cohesionadas con las economías más productivas y más competitivas. La evolución de estos dos parámetros en nuestro país no es satisfactoria. Debería preocuparnos mucho.
No ha de extrañar que, sin ser yo una persona experta en educación, acoja con interés las aportaciones innovadoras que aparecen relacionadas con este tema. Quiero comentar tres libros que he recibido recientemente y que suponen enfoques originales y complementarios. Se trata de Educacionari, de Joan Manuel del Pozo, de Mejor Educados, de Gregorio Luri y de Gracias, Finlandia, de Xavier Melgarejo.
El filósofo. Aparte de su originalidad formal (no tiene capítulos, sino entradas de diccionario) el libro de Del Pozo supone un conjunto de profundas reflexiones sobre los objetivos de la educación, los diferentes papeles de los actores que intervienen en ellos, y los componentes intelectuales y emocionales del proceso. Mucho más que un libro sobre la educación, es un libro que, tomando como excusa la educación, reflexiona sobre las dimensiones de la persona humana y la necesidad de construirse poco a poco en plenitud y en libertad.
La riqueza de un país es la calidad de sus personas, resultado de integrar conocimientos intelectuales, habilidades prácticas, actitudes positivas frente a la vida, y capacidad de cooperación social
Me ha interesado mucho, porque cuando marco como objetivo que nuestros ciudadanos tengan un equilibrado nivel de formación personal, me refiero precisamente a esta necesidad de que la educación tenga en cuenta las múltiples facetas de la persona humana, y que su formación no puede quedar reducida a una simple acumulación de conocimientos, o aprendizaje de habilidades. La riqueza de un país es la calidad de sus personas, y esta calidad es el resultado de integrar adecuadamente conocimientos intelectuales, habilidades prácticas, actitudes positivas frente a la vida, y capacidad de cooperación social. Conseguir todo esto va mucho más allá de lo que puede aportar el sistema educativo y exige la colaboración de todos los otros entornos vitales.
El psicólogo. Aunque su formación sea también filosófica, el libro de Luri me ha parecido sobre todo un manual de psicología para padres y madres. Se centra mucho en la etapa educativa inicial en la que juegan un papel fundamental la familia, la escuela, las amistades y los medios de comunicación. Analiza con acierto las complementariedades y las interferencias de estos diferentes actores dirigiendo sobre todo su mirada a las preocupaciones de los padres; una mirada que además de precisa, es abierta, incisiva y hasta irónica. Como pienso que durante unas décadas no se ha discutido suficientemente sobre el papel de la escuela en relación con los otros entornos educativos, creo que es una aportación muy interesante y muy práctica.
El maestro. Melgarejo es un hombre intensamente implicado en el sistema educativo catalán y es considerado el principal experto español sobre el finlandés, sistema que ha demostrado una gran calidad por sus resultados en las evaluaciones internacionales. Aunque estas evaluaciones se centran solo en conocimientos y en habilidades transversales, y por tanto no recogen otros de los aspectos de la persona, es evidente que es importante que sea más conocido ya que tiene bastantes elementos que deberían ser imitados.
El libro analiza con rigor y con pasión las razones de este éxito, tanto razones vinculadas a la escuela en sí misma, como otras de carácter más general relacionadas con las características sociales de Finlandia. Me impresionaron dos afirmaciones que escuché en la presentación del libro: “La sociedad finlandesa considera que su capital futuro más importante es la mejor educación, en un sentido amplio, de sus actuales niños y jóvenes. Por ello, en sus presupuestos públicos ha decidido invertir prioritariamente en la creación de este capital”. Y “hay que intentar que los ciudadanos con mayor nivel intelectual y personal se dediquen a la creación de dicho capital. Por ello, las facultades de formación de maestros son las que tienen la nota de corte más alta en las pruebas de ingreso en la universidad”.
Hoy se inician en Barcelona las II Jornades Educació Avui. Una gran ocasión para debatir estos temas.
Joan Majó es ingeniero y ex ministro.
fuenteshttp://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/18/catalunya/1392755407_347508.html
Confidentes
Formo parte de una generación rara. No me refiero a que escuchara a los Beatles o a que participara en la lucha contra el franquismo, sino a algo aparentemente más zafio: desde 1977 entré a formar parte de un amplio círculo social que se mostraba partidario de pagar a Hacienda. Aquello lo pusieron de moda algunos políticos, como Francisco Fernández Ordóñez, que fue ministro de la cosa con UCD.
No era raro en aquellos años que, en una cena de amigos acompañada incluso por algún porro de delicioso sabor clandestino, alguien exclamara con alborozo: “a mí, la declaración me ha salido a pagar”. Era una forma rara de patriotismo sin banderas. El razonamiento era sencillo: si no pagábamos a Hacienda, no habría fondos para cambiar el sistema educativo, conseguir una sanidad pública y construir buenas carreteras. Así de sencillo.
El asunto es que percibo que, incluso entre esos patriotas del pago, se va rompiendo el entusiasmo. Porque no hace falta ser muy listo para saber, por ejemplo, que los asalariados pagan más del 90% de la recaudación anual siendo, como son, receptores de menos del 50% de la renta. Esos datos se conocen, a pesar de que el ministro Montoro tiene prohibido que se difundan. No es exagerado: está prohibido darlos a conocer a la ciudadanía. Y se sabe también que las grandes multinacionales (y no es demagogia, es verdad) consiguen escapar del pago del impuesto de sociedades con trucos eficaces. Y se sabe también que los fontaneros, los grandes abogados, los médicos privados, facturan sin IVA.
Flaquea el patriotismo fiscal. Pero viene algún rayo de esperanza, que se basa en las peticiones de los inspectores para que haya más transparencia y medios contra el fraude. Incluso, la posibilidad de pagar a confidentes. Pregunta: ¿a los confidentes se les pagaría con o sin IVA?
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/02/19/opinion/1392813935_224526.html
Yo soy el que soy
Si hemos entendido bien el anuncio lanzado estos días por Coca-Cola a toda página, resulta que Coca-Cola no es Coca-Cola, de ahí que carezca de responsabilidades en los despidos que Coca-Cola pretendía llevar a cabo en algunas de sus plantas embotelladoras. Jamás se nos pasó por la cabeza, la verdad, que Coca-Cola no fuera Coca-Cola. Nunca el capitalismo indefinido se había expresado con esta claridad. Pero tal es el quid de la cuestión. Las grandes marcas, sin dejar de ser ellas, podrán no serlo en el futuro cuando las circunstancias así lo requieran. Es como si yo, que soy Juan José Millás, dejara de serlo cuando me pillaran atracando una mercería. Tras la acusación policial, lanzaría un comunicado de siete u ocho puntos explicando a la opinión pública que Juan José Millás no es Juan José Millás. Pidan ustedes responsabilidades por el atraco a la planta embotelladora de Juan José Millás.
Ahora bien, mucho me temo que esta nueva modalidad de existencia consistente en ser y no ser al mismo tiempo quedará reservada para las grandes fortunas. Las clases medias no dispondremos de medios para el alquiler de avatares que nos hagan el trabajo sucio. Si usted necesita romper con su cónyuge tendrá que hacerlo sin intermediarios. No le será posible ser sustituido por una planta embotelladora contratada para estos fines. No podrá solicitar el divorcio asegurando que usted, Francisco López García, por poner un ejemplo, no es Francisco López García en el momento de la ruptura. “Yo soy el que soy”, le dijo Dios a Moisés. Esta frase posee una carga semántica de tal naturaleza que ha recorrido los siglos siendo objeto de multitud de interpretaciones. Nadie había sido capaz de superarla. Nadie, excepto Coca-Cola, que al decir “Yo soy la que no soy”, ha colocado el listón en un lugar imposible de superar incluso para Dios.
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/02/20/opinion/1392899263_839407.html
Hablar por no callar?
Como ustedes saben, en la pasada edición de los premios Goya, el director David Trueba, que es un señor sensato que ha vivido en Cataluña y que tiene muchos amigos, hizo un breve discurso en el que invitó a sus colegas a pasear por este curioso territorio ya conocerlo mejor. Este mención, conciliadorament amable, ha motivado una pila de artículos de respuesta en la prensa en catalán. Con alguna excepción, tienen el denominador común siguiente: tratan Trueba con cortesía-porque es una persona muy simpática, que se hace de querer, pero también subrayan que su propuesta llega tarde. Lo señale porque, si algo se podía inferir del parlamento de Trueba, es que era una invitación al diálogo y basta, si acaso con un leve matiz elegíaco. Porque de diálogo, había habido y ahora ha quedado interrumpido, o como mínimo menoscabado. Como el diálogo siempre es útil, no veo que haya nada de reprensible en esto, otra cosa es si vale la pena replicar con tanta profusión un comentario breve que no va más allá del puro sentido común. Se ve que sí, porque lo han hecho. Llegan tarde, entonces, las llamadas al diálogo?
Lo interesante de esto es que la falta de voces españolas dialogantes es una queja recurrente entre los opinadores que defienden posiciones soberanistas. Entonces, no se acaba de entender que se reclame lo que, cuando se produce, llega tarde. Por otra parte, no es cierto que no se hayan escrito, por la parte digamos española, un puñado de artículos dialogantes, con voluntad razonable y constructiva. Está claro que los soberanistas no tienen por qué estar de acuerdo-las premisas suelen ser diferentes; algunos argumentos, superficiales, y las conclusiones, muy debatibles-, pero por algún sitio hay que empezar. También los soberanistas han escrito un puñado de artículos ponderados y útiles para comenzar una discusión civilizada, pero los han escritos en catalán y en unos diarios que fuera de Cataluña no se leen, al igual que parece que ellos no han leído los artículos civilizados los otros. La segmentación de la prensa tiene estas consecuencias: la comunicación se rompe y el griterío se impone.
Y en medio del griterío, los malentendidos van a más. Por ejemplo, el excelente periodista Manuel Cuyàs afirmaba el otro día que Javier Cercas es un escritor afín al partido Ciudadanos. No sé de dónde se lo saca, eso. Cercas es un señor que tiene una posición muy clara y muy coherente. No es soberanista, pero si toda la gente que en Cataluña no lo es sería afín a Ciudadanos, este partido tendría mucho más peso que lo que en efecto tiene. Aquí debo advertir que Javier Cercas y yo somos amigos, y que sobre este punto concreto discrepamos. Esto no tiene importancia, porque en este mundo no hay dos personas que piensan exactamente lo mismo sobre nada. De hecho, como los amigos los conocemos mejor que en el resto de la gente, la amistad nos ayuda a comprobar esta regla universal ya comportarse con más o menos paciencia. De paso, los amigos nos ayudan también a repensar (ya menudo a afianzar) nuestros partidos tomados. Favor que nos hacen.Tampoco quiero convencer yo a nadie de mis convencimientos (y los amigos, menos que a nadie). Me limito a intentar describir lo que pasa, ya aclarar mis ideas, si puede ser.
El caso de Cercas es relevante porque ha intentado dialogar sobre este espinoso asunto-con un tono algo enfático, en algún momento-y ha sido malentendido. Ha llegado tarde, también? En el más reciente de sus artículos, sostiene que querer convertir el catalán en un problema es de necios y que, hablando de problemas, no lo es tanto el nacionalismo catalán como el nacionalismo a secas. También afirma que el soberanismo ha cargado de razones, mientras que quienes, como él, piensan que la independencia no sería una solución, sino un problema más, no lo han sabido hacer (aunque Cercas mismo n'addueix unas cuantas , de razones: algunas me parecen sólidas otros no tanto).
Cercas observa con acierto que la instrumentalización política de la lengua es una de las aristas más hirientes del asunto
Aunque no lo desarrolla en este artículo, Cercas observa con acierto que la instrumentalización política de la lengua es una de las aristas más hirientes del asunto. En eso diría que coincide con un federalista conspicuo-y razonable argumentador-como Xavier Vidal Folch. Este, en un artículo publicado el 15 de febrero en las páginas catalanas de EL PAÍS, afirmaba que "Sólo hay un nacionalismo más insidioso y brutalista-a veces violento-que el catalán: el español", y aducía como ejemplos la nueva ley de lenguas de Aragón-con el indescriptible Lapa - o las constantes andanadas de la Generalitat contra la evidencia de la unidad de la lengua. La voluntad de fragmentar y destruir una lengua que incomoda al nacionalismo español, contra la propia Constitución y contra el Tratado de la Unión Europea, le parece muy clara. Si añadiera que en Valencia hay miles y miles de alumnos que no pueden estudiar en valenciano, a pesar de las reclamaciones de los padres (que no ha escuchado nadie, ni los tribunales ni las portadas de los periódicos), su argumento aún saldría reforzado. Son cosas que los valencianos deberíamos saber de sobra. Hace sólo un siglo, la zona catalanohablante del Valencia era prácticamente monolingüe. Ahora, los valencianoparlantes estamos una minoría cada vez más exigua. Esto no se ha logrado sin violencia, sin menoscabo y sin abuso. Ni sin una voluntad muy firme de conseguirlo. Lo que ha pasado y pasa en este país es una canallada tan flagrante y tan impune que revela con una luz muy cruda a qué tipo de nacionalismo insidioso y brutal nos enfrentamos. Es un ejemplo, no una excepción.
El artículo de Vidal-Folch concluye con una loa a la situación lingüística de Suiza, con la que un servidor debe simpatizar. De hecho, el modelo suizo ha alimentado las aspiraciones de la mayor parte del catalanismo durante décadas. Hay que decir que si, en Suiza, la frontera entre el alemán (que habla el 65% de la población) y el francés (20%) no se ha movido ni un metro en el siglo XX, es porque una legislación muy rígida lo impide. Tan rígida que la mayoría de los españoles (y los valencianos y todo) la encontrarían inimaginable. La aceptación de la pluralidad en la unidad toma en Suiza formas peculiares, pero eficaces, con una voluntad muy firme de respeto mutuo. Justo por ello, la aspiración de una España suiza era bonita. Era factible? Una posible explicación entre otros del auge soberanista actual es que la mayor parte del catalanismo ha desistido de esa aspiración, porque la encuentra mucho más impracticable aunque la construcción de un estado propio, dada cuál es la España realmente existente. Si en esto se equivoca o no, ni lo sé ni me atrevo a conjeturar lo. Lo que sí sé es que le conviene el diálogo con toda la gente civilizada que se encuentre delante porque, cualquiera que sea la opción que el catalanismo tome, el futuro no depende sólo de él.
fuenteshttp://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/20/quadern/1392886675_362212.html
Algo estamos haciendo mal
Esta es una situación de emergencia. Apenas podemos sostener el Estado social, las instituciones del Estado democrático están en declive. Luchemos, en fin, al menos, por mantener en pie el Estado de derecho. Esta es la conclusión, que resultó estremecedora, aunque incontestable, expuesta por uno de los participantes del seminario sobre reforma del Estado, cuya última sesión se ha celebrado recientemente. Fue un seminario en el que se mantuvo, con la activa participación de un nutrido grupo de catedráticos y profesores de universidad y funcionarios de altos cuerpos de la Administración, un interesante debate sobre la huella de la crisis económica en el Estado, y la singularidad del derecho y las ideas que emanan de esta situación de emergencia.
La impresión en ese seminario dirigido por el profesor Santiago Muñoz Machado no es halagüeña. Ha surgido una nueva relación entre el Estado —que parecía todopoderoso hace no tanto— y la sociedad. La intervención estatal y el espacio de lo público andan en retroceso por diversas causas: la privatización de la seguridad ciudadana o de la sanidad, la autorregulación, la sustitución de la ley por el contrato en todos los niveles, el desplazamiento de los tribunales en su función de resolver los conflictos en beneficio de otras alternativas de carácter privado, la redimensión a la baja del Estado prestacional, el desmoronamiento del garantismo en aras de la autoprotección, el desdén hacia las leyes y las sentencias, que se manifiesta explícitamente incluso por responsables de instituciones públicas, etcétera.
Deberíamos abrigar con prudencia lo que queda de un Estado seriamente menguado por las acuciantes exigencias de la Unión Europea sobre la estabilidad presupuestaria, y, sobre todo, por las condiciones de los acreedores privados en los mercados que no cesan de reclamar reformas en todos los campos. Al hilo de palabras mágicas como son racionalidad, racionalización o sostenibilidad financiera se han hecho muchas reformas a la carrera, con serio impacto en el Estado social y el Estado autónomo, de las cuales es aún pronto para estar seguros de su resultado. El Estado de derecho y el ordenamiento jurídico parecen ya seriamente dañados desde la Constitución hasta el peldaño más bajo.
Desde 2012 se han aprobado nada menos que una cincuentena de decretos leyes que el Congreso ha convalidado sin apenas discusión parlamentaria y solo muy pocos han iniciado su tramitación como leyes. ¿Dónde queda el parlamentarismo y la participación de las minorías y la confianza en la discusión con publicidad? Algunas de las leyes que se han aprobado con demasiadas prisas bien resultan de difícil lectura y comprensión o sencillamente se han modificado tres o cuatro veces nada más aprobarse. Todo ello indica una premura e inseguridad en su gestación muy lejanas de las supuestas verdades únicas que la invocación en las leyes de la racionalización financiera trata a veces de presentar como la única decisión posible.
El gobierno de la crisis se ha llevado sobre todo desde la Unión Europea, de donde procede el impulso para la súbita y trascendente reforma del artículo 135 de nuestra Constitución. La dirección de la política económica se ha centralizado fuertemente en una corriente hacia arriba. Hemos podido visualizar el poder de Bruselas mejor que en décadas de disquisiciones. No tenemos hoy más derecho constitucional económico que el europeo, pues conforme a él se toman las decisiones políticas básicas en esta materia. Sin embargo, seguimos sin tener una verdadera Constitución en Europa, aunque sea bajo la forma de tratados, dotada de un circuito democrático representativo, rendición de cuentas y subsiguiente responsabilidad política. Ha surgido, con la crisis, una organización económica mediante una tupida red de soft-law —de recomendaciones, memorandos y guías—, de complejos paquetes normativos en directivas y reglamentos, y de compromisos en relaciones intergubernamentales que no se recogen en la reforma de los tratados originarios. ¿Es ese un buen modelo desde la lógica del Estado de derecho y de otras razones o necesita revisarse? ¿Siquiera alguien se plantea el dilema?
Muy densas normas europeas regulan las nuevas políticas sin que pueda alejarse la sensación de constante improvisación y del apoderamiento de las decisiones en instituciones no representativas. ¿Quién nos gobierna? ¿Qué racionalidad tiene esa madeja de normas? Hemos cedido a Europa la coordinación presupuestaria y también la política monetaria, pero no el resto de las facultades que harían posible una verdadera dirección de la política económica. Mientras tanto, nuestros desapoderados Estados, desprovistos de sus tradicionales herramientas, permanecen inermes. Al tiempo, la desigualdad entre los Estados miembros es cada vez mayor: entre los que están o no en la eurozona, entre los firmantes o no del Tratado de Estabilidad, y, especialmente, entre los ricos y acreedores países del norte y los pobres y deudores vecinos del sur. ¿Qué queda de la idea de integración europea?
Si en Europa tenemos un derecho constitucional económico sin una Constitución, en España tenemos una vieja Constitución con cada vez menos derecho constitucional. La crisis económica ha descosido las costuras del traje y como una poderosa lupa nos ha permitido ver numerosos defectos. La mayor parte de las instituciones tienen hoy serios problemas de legitimidad democrática o de funcionamiento o de ambas cosas a la vez. No hay casa alguna —y tampoco la Constitución— que pueda habitarse dignamente sin reformas estructurales y algo de mantenimiento después de tanto tiempo. España no es diferente. Pero nos hemos obstinado en actuar de otra manera, diversa a la habitual en el resto de los países europeos con tradiciones democráticas, enrocándonos en la intangibilidad de la ley fundamental. Parapetarse tras la Constitución sin revisarla, sin renovarla y crear nuevos pactos generacionales que legitimen las decisiones es un lento suicidio. Es urgente generar diálogos y acuerdos lo más amplios posibles.
Qué duda cabe de que debemos tratar de salir de la crisis financiera y de empleo lo antes posible, pero convendría hacerlo sin haber destrozado en el camino todo el buen tejido de normas e instituciones del Estado logradas con un esfuerzo de décadas. Preservando el Estado social que permite nuestra convivencia pacífica y nos hace iguales, aunque sea con prestaciones más austeras. Manteniendo el Estado de derecho que nos hace respetar los derechos fundamentales de todos y vivir libres. El Estado de las autonomías, que obedece al pluralismo y las diferencias territoriales, pero busca la integración y la solidaridad entre todos los españoles sin agravios comparativos. Habrá que esperar a que el polvo que cubre nuestros ojos —la depresión que genera la crisis— se asiente para poder observar mejor la realidad y hacer un diagnóstico más preciso, pero la impresión general no es halagüeña. Algo estamos haciendo mal.
El respeto al Estado de derecho y a sus principios, la voluntad de compromiso constante entre todos los partidos que respetan las leyes y el marco constitucional, un ánimo decidido de participar activamente en la Unión Europea, el sitio donde nos gobiernan realmente, parecen fármacos de amplio espectro muy beneficiosos para nuestras enfermedades. Pero habría que impulsar y acometer lo antes que se pueda reformas constitucionales y legales convenientemente pactadas en todos los niveles de gobierno. No hay otra forma de salir de esta desorientación ciudadana, de la actual inseguridad jurídica y pérdida de la legitimidad democrática.
Javier García Roca y José Esteve Pardo son catedráticos de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de las universidades Complutense de Madrid y de Barcelona respectivamente. Firman este artículo en nombre de 60 catedráticos, profesores universitarios y altos funcionarios de la Administración.
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/02/18/opinion/1392740983_793385.html
La sana envidia de la integridad
Es la corrupción —o la falta de integridad pública— el principal problema de la sociedad española? Si atendemos a lo que dicen las encuestas, la corrupción ocupa ahora un muy destacado segundo lugar entre las preocupaciones de los españoles. ¿Nace de un sincero malestar ético? ¿Es una reacción tardía ante un hecho antes tolerado? ¿Expresa una envidia elogiable respecto de países libres de esta lacra? ¿Es un reflejo de la reiterada difusión que los medios de comunicación hacen de los episodios de corrupción y de sus protagonistas?
En todo caso, contrasta esta preocupación generalizada por la corrupción con el hecho de que —también según las encuestas— un número muy bajo de ciudadanos declara haber sido víctima de peticiones de soborno o “mordida” por parte de políticos o funcionarios. Ello ha llevado a los estudiosos del asunto a manifestar que no existe en España la “corrupción sistémica” propia de la cultura política y administrativa de otros países. En el caso español, por tanto, llama la atención esta contradicción: la corrupción es percibida como un gran problema, pero son relativamente muy pocos quienes afirman haber sido directamente perjudicados por ella. Lo habitual en otros países es una clara correlación entre la percepción sobre la extensión de las prácticas corruptas y el número de ciudadanos que admiten haber sido víctimas de ellas.
¿Qué factores generan esta disonancia? Los expertos intentan identificarlos. No parece resultar de un aumento repentino de las conductas corruptas. En todo caso, la reacción negativa provendría de una menor tolerancia social y de una creciente capacidad de las autoridades para detectarlas y castigarlas. ¿Respondería esta mayor intransigencia a un súbito reforzamiento de la moral pública que rechaza ahora lo que antes contemplaba indulgentemente? Tal vez.
En España, la corrupción es percibida como un gran problema, pero son relativamente muy pocos quienes afirman haber sido directamente perjudicados por ella
Otros observadores ponen de relieve el impacto directo de la crisis económica: una restricción inesperada y aguda de los recursos disponibles haría intolerable ahora una distribución arbitraria y fraudulenta de dichos recursos que era consentida con menos escrúpulos morales en tiempos de abundancia. No hay que olvidar tampoco el impacto multiplicador del tratamiento mediático de la corrupción. Junto a su sano efecto de denuncia pública, la repercusión mediática puede producir también un efecto deformador. Actuaría como “cámara de resonancia” que genera un eco incesante y repetitivo sobre los mismos hechos y magnifica su extensión. Parecen denotarlo algunos estudios.
Pero otras condiciones de fondo contribuyen también a la percepción social de que la corrupción es una práctica más extendida de lo que revelan otros datos. Una tradición de desconfianza hacia la política, sus instituciones y sus actores alimenta el prejuicio de que lo que ocurre en dicho ámbito y es gestionado por sus profesionales está crudamente orientado por el ansia de beneficio personal y no por el interés general. No es ningún descubrimiento reciente que esta tradición de desconfianza es característica arraigada de la cultura política española: “Piensa mal y te quedarás corto”. Una característica cultural reforzada, si cabe, por la persistente influencia de un liberalismo competitivo para el que cualquier sujeto lucha siempre por asegurar sus intereses personales por encima de otras consideraciones. Si esta es una regla básica de la conducta social y económica que a todos domina, ¿cómo van a escapar de ella políticos y administradores?
Del arraigo de esta creencia de fondo se deducen algunas consecuencias cuando se pretende extirpar la corrupción y se recomiendan para ello algunas recetas. Las hay indispensables. Deben corregirse deficiencias en la normativa penal, administrativa o procesal. Deben reforzarse métodos de control, evaluación y transparencia respecto de la acción de políticos y empleados públicos. Han de someterse a mayor escrutinio todas las entidades receptoras de recursos públicos: partidos, sindicatos, patronales, iglesias, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, medios de comunicación. Finalmente, el sistema judicial ha de ajustarse a exigencias de mayor eficiencia y celeridad en el tratamiento de estas conductas antisociales.
Las políticas socioeconómicas son una pieza clave en la terapia contra la corrupción: la agravan cuando su resultado final comporta más desigualdad y mayor exclusión social
Pero este esfuerzo reformador no bastará si no se reconoce que tanto la extensión como la percepción de la corrupción están asociadas también a elevados índices de desconfianza social y de desigualdad económica. Lo confirma el hecho de que las sociedades que alcanzan mejores tasas de confianza social y de igualdad económica son también las que suelen ofrecer un cuadro más positivo en cuanto a la confianza popular en sus dirigentes y empleados públicos y en la integridad de los mismos.
La salud democrática reclama erradicar las prácticas corruptas con todos los instrumentos legales e institucionales. Pero para que sus efectos sean duraderos hay que trabajar en paralelo para construir una sociedad más solidaria y generadora de confianza interpersonal. Las políticas socioeconómicas son, por tanto, una pieza clave en la terapia contra la corrupción: la agravan cuando su resultado final comporta más desigualdad y mayor exclusión social, pero la atenúan cuando se orientan a reducir desigualdad y marginación. Es lo que enseña la experiencia de las sociedades a las que —según parece— envidiamos ahora por la integridad de sus dirigentes.
Josep M. Vallès es catedrático emérito de ciencia política (UAB).
fuenteshttp://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/20/catalunya/1392929559_657144.html
Brillante futuro, triste presente
En las últimas semanas el Gobierno catalán ha abrazado la democracia radical. El consejero de la presidencia, Francesc Homs, ha afirmado en reiteradas ocasiones que el voto de un ciudadano de a pie vale igual que el de un empresario por grande que sea. La declaración de Homs es encomiable, porque remacha regla de oro de la democracia y entierra nominalmente el odioso sufragio censitario, como el que, de acuerdo con la legislación prusiana del siglo XIX, permitía que en los comicios de Essen el solo voto de Alfred Krupp -de la dinastía de industriales del Ruhr- equivaliera a más del 30% del total padrón electoral.
CiU se ha convertido en abanderada del igualitarismo del sufragio cuando los vientos de la gran patronal catalana soplan en contra de la consulta. Ahora predica que el voto de un gran empresario vale igual que el de cualquier ciudadano. La Cataluña del futuro acoge así bajo su cálido manto fraternal a una nación de hombres libres e iguales en contraste con el inhóspito mundo exterior. Y es que en el acalorado viaje a Ítaca CiU está redescubriendo los grandes valores plasmados en La República de Platón: una sociedad en armonía, con sabios gobernantes, valientes guerreros y laboriosos agricultores.
El Gobierno catalán dibuja un almibarado futuro mientras un 11,6% de los ciudadanos no puede pagar la hipoteca a fin de mes
La nueva Hacienda presentada el pasado viernes por Artur Mas quiere ser un ejemplo de los andares de la nueva Cataluña soberana: “Menos fraude fiscal, más cooperación y no tanta represión; nada de calcos de la Agencia Tributaria Española”. La propuesta de Tributs de Catalunya no pasa de ser un wishful thinkingque pretende edulcorar el futuro para huir de los rigores del presente. Quizás al Gobierno catalán y a sus aliados se les está yendo la mano en el almíbar al describir el horizonte que nos aguarda. Estamos condenados a grandilocuentes discursos tan hueros como muchas de las estructuras de Estado que se presentan, mientras transcurre el día a día y la situación no mejora para la gran mayoría de los ciudadanos. El brillante futuro se erige como sustitutivo de un presente más bien triste, en el que Cataluña está situada en el segundo lugar de las autonomías con mayor porcentaje de hogares considerados pobres, según el informe dado a conocer por Funcas esta misma semana.
El proceso soberanista actúa de catalizador de esperanzas. Pero la fe en la utopía no puede ser el único norte, sino va acompañado de hechos o de medidas tangibles. No se puede fiar todo a la fraternidad catalana si los discursos no van de la mano de los hechos.
La política de recortes no puede desembocar en promesas de un futuro incierto en el que parece ser que los catalanes lo vamos a compartir todo como buenos hermanos. Somos la patria de Pla, Miró o Gaudí y también la de Fèlix Millet y Jordi Montull. Nada hace suponer que seremos mejores si no concretamos medidas para serlo más allá del buen rollo nacional.
La “nueva política catalana”, de la que presume CiU, no pasa de ser un calco de viejas prácticas españolas, esas que, aseguran, son su antítesis
Los grandes principios son una cosa y otra distinta su traducción en la vida cotidiana. La igualdad de voto debe ser tomada en serio. La política debe garantizar la equidad, pues la democracia ha de suponer igualdad de derechos. Y por eso, más allá de los grandes principios, los poderes deben ser proactivos. No puede entenderse que se ayude a los bancos a salir de la crisis (más de 40.000 millones de euros a fondo perdido) si no se ayuda en la misma proporción a quienes son desahuciados por impago de las hipotecas. Un 11,6% de la población catalana asegura no poder hacer frente al pago de la hipoteca o de algún recibo a fin de mes. La crisis requiere solidaridad y la Cataluña del futuro no puede fiarlo todo a una Hacienda vagamente “no represiva”. El Gobierno de Artur Mas tiene ahora la oportunidad de vincular su proyecto a la justicia social: tomando medidas contra la exclusión social de los más frágiles, legislando a favor de las sanciones a las entidades financieras que mantengan viviendas vacías, reinstaurando un sistema eficaz de renta mínima de inserción y, desde luego, recordando que de la lucha contra el fraude fiscal se podría obtener más que de la franja alta, los 16.500 millones de euros, del déficit fiscal catalán.
Y algunos pequeños pasos se pueden ir dando, poco a poco. Es lícito que el soberanismo en el poder tenga un proyecto social de futuro, pero también debe gobernar y gestionar el presente, más que tratar de huir de él porque no le gusta. De otra manera, la “nueva política catalana”, de la que presume CiU, no pasa de ser un calco de viejas prácticas españolas, esas que, aseguran, son su antítesis.
fuenteshttp://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/22/catalunya/1393080341_542407.html
En la fase del chapoteo
De aquí a la próxima Diada es muy probable que nos aguarden unos meses de mucho ruido y pocas nueces. Aplazado hasta la segunda quincena de septiembre el decreto de convocatoria del referéndum, con la inequívoca intención de ir preparando la celebración de la Diada del 2014 en un clima de máxima excitación independentista (para que sea en este clima de presión en el que se produzca por parte del gobierno del PP el eventual recurso que comportaría la suspensión de dicho decreto), no hay que descartar que entretanto Mas intente que el proceso transcurra en un doble plano. Por un lado, el de las negociaciones discretas entre bambalinas, en las que los actores (sean Rajoy y Mas, sean sus delegados de confianza) vayan tanteado las posibilidades de algún acuerdo que permita salir del tenso impasse que estamos viviendo y, por otro, el del escenario iluminado en el que cada uno de ellos interprete su papel pensando exclusivamente en agradar a su propio público, desentendiéndose de los seguidores ajenos.
A este respecto, los profesionales de la negociación acostumbran a afirmar que el momento de aparente tensión entre las partes que precede al inicio de cualesquiera conversaciones no busca imposibilitar el acuerdo sino alcanzarlo de la manera más ventajosa para cada una de ellas. La aparente dureza previa no sería entonces el indicador de una auténtica cerrazón negociadora sino que estaría orientada, por así decirlo, a hacerle saber al otro el núcleo esencial de la propia reivindicación, aquello en lo que no se está dispuesto a aceptar transacciones. La tensión inicial cumpliría entonces una doble función, hacia dentro (la recién señalada) y hacia fuera, en la medida en que la percepción pública de que los representantes políticos sostienen con firmeza sus posiciones serviría para mantener cohesionados y en tensión a sus representados. Con otras palabras, permitiría a los negociadores poner sobre la mesa el argumento “estos son mis poderes”, refiriéndose al sólido respaldo social con el que contarían.
¿Quién gestionará la frustración de un importante sector de la sociedad catalana si todo esto queda en nada?
Tal vez sea ese el punto exacto en el que nos encontramos hoy en Cataluña, sin que por el momento haya indicios de que pueda cambiar el signo de la atmósfera política. Llevamos un año largo encerrados en un discurso reiterativo al que, de vez en cuando —casi siempre a través de declaraciones periodísticas— se le introducen pequeños matices respecto de los cuales el ciudadano nunca termina de saber si constituyen meros globos-sonda o anuncios de rectificación.
Pero se engañaría quien extrajera de lo anterior la conclusión de que no merece la pena prestar excesiva atención al grueso de las manifestaciones exaltadas y grandilocuentes de buena parte de nuestros políticos, las cuales deberían, según esto, quedar devaluadas a la condición de meramente instrumentales.
Por un doble motivo constituiría un error relativizar la importancia de esos gestos, en apariencia más radicales. En primer lugar porque significaría desdeñar el efecto que ellos tienen sobre las bases políticas de los adversarios, a las que se les está proporcionando argumentos que acabarán por reforzar su cohesión y, en la misma medida, a sus representantes, con los que no va a quedar otra que sentarse en una mesa a negociar en algún momento. Nada tiene de extraña la escandalizada reacción que en el resto de España suelen producir las salidas de tono de nuestros soberanistas: a fin de cuentas, es perfectamente simétrica con la que se produce por estas latitudes cuando se juzga cualquier declaración rotunda en contra del proceso por parte de un político de Madrid (por más de tercera fila que sea o por más apartado de la vida pública que se pueda encontrar en este momento) como la expresión concluyente e indiscutible de la intransigencia casi ontológica, por no decir metafísica (en ningún caso táctica) que impera fuera de Cataluña.
Se han generado expectativas que va a resultar extremadamente difícil reconducir en el caso de que el proceso descarrile o termine en vía muerta
Pero, en segundo lugar, constituye un error la banalización de la sobreactuación propia porque sus consecuencias están lejos de ser banales. En efecto, el presunto argumento intimidatorio “estos son mis poderes” tiene como su envés inevitable el “estos son mis deberes” al que quedan comprometidos todos esos políticos que, con una notable dosis de oportunismo, jalearon reivindicaciones que nunca antes habían defendido (o se sumaron, con acrítica docilidad, a las movilizaciones impulsadas por otros), creyendo que podrían usarlas discrecionalmente como argumento de fuerza a su favor llegada la hora de una hipotética negociación.
Se han generado expectativas que va a resultar extremadamente difícil reconducir en el caso de que el proceso descarrile o termine en vía muerta. Aquella pregunta que en un discurso televisado planteó Felipe González a los votantes españoles antes del referendum sobre la OTAN, la famosa “¿quién gestionará el no?”, debería estar presente, con los debidos retoques, en la cabeza de algunos. En efecto, ¿quién gestionará la enorme frustración de un importante sector de la sociedad catalana si finalmente todo esto queda en nada? Y, metidos ya en interrogantes, ¿con qué criterios?, ¿hacia qué nuevos objetivos?, ¿existe una hoja de ruta para la travesía de la derrota? En definitiva, ¿hay alguien al mando?
Manuel Cruz es catedrático de Filosofía Contemporánea en la UB.
fuenteshttp://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/22/catalunya/1393080016_736770.html
La frontera
La frontera es un invento de la geografía humana. Decía el otro día el geógrafo Eduardo Martínez de Pisón, en la presentación de un libro exquisito, Atlas de islas remotas (Nórdica y Capitán Swing), que la geografía es el origen de la poesía. Se refería a la geografía física. Luego venimos los hombres, poblamos el terreno y ya empiezan las disputas. Ahora estamos en una difícil disputa, que tiene lugar en el mar de Ceuta, donde han muerto 15 ciudadanos en el sitio donde por lo visto hay una frontera.
Cómo hemos ensombrecido la poesía. En 1990 estábamos en el aeropuerto de La Habana, dispuestos para regresar. Éramos canarios, con lo cual era fácil allí creer que estábamos en casa. En una de esas excursiones que los canarios hacemos para buscar a otros canarios la policía militar (en Cuba, toda policía es militar) nos detuvo, nos metió en un campamento lleno de soldados; se nos acusó de estar haciendo fotos donde no estaba permitido. En efecto, hicimos fotos, pero, le preguntamos al soldado policía, ¿dónde decía que no podíamos hacer retratos?
El joven miró a unas enredaderas y nos explicó mientras seguía encañonándonos:
—Ahí hay un cartel, pero lo tapó la hierba.
Cuba, una enorme frontera. Una frontera en todas partes. Recuerdo que no quise volver porque a nuestros amigos cubanos no los dejaban estar con nosotros en los bares a los que íbamos, a los restaurantes donde comíamos o al conglomerado de apartamentos donde nos quedábamos. En una de esas ocasiones invitamos a nuestro apartamento a un grupo de notables escritores cubanos. Como pasaba mucho rato sin que aparecieran, llamamos a la recepción y desde allí nos confirmaron que allí estaban.
—Pero no pueden subir, porque este lugar está restringido.
El lugar estaba restringido, los bares estaban restringidos, los hoteles estaban restringidos. No se podía entender que todo eso se hiciera en nombre de la revolución; en todo caso, esas prohibiciones, esas fronteras, tenían que ir creando (habrían creado ya) un conglomerado lleno de fronteras en la mente misma.
Cuando nos íbamos de Cuba, en el aeropuerto, ocurrió una anécdota que me hizo entender cómo había afectado a la mente del cubano esa sucesión de prohibiciones. El régimen había marcado la isla; como en una novela de Cortázar, unos estaban en la zona sagrada y otros eran habitantes del lado de allá.
En el aeropuerto estábamos sobre un piso que tenía, nítidamente pintados, dos colores, el azul y el rojo. Nosotros nos habíamos puesto a charlar en el lado rojo. En un momento determinado de nuestra espera, un cubano de avanzada edad que por lo que colegimos luego jamás había salido de Cuba ni había estado en ese aeropuerto, se nos acercó muy tímidamente:
—Óiganme, ¿se puede pasar al color rojo?
Cuando oigo la palabra frontera, y ahora se oye tan dramáticamente, recuerdo esa pregunta. Malditas fronteras, el daño que sufren los que se atreven a romperlas. Martínez de Pisón tiene razón: la poesía nace de la geografía. Pero los hombres hemos decidido convertir la geografía en un sinfín de fronteras.
jcruz@elpais.es fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/02/20/opinion/1392899516_625738.html
La información desestructurada
El ser humano no ha sabido vivir sin rodearse de estructuras. Incluso lo más salvaje las tiene. La propia naturaleza estructura el árbol y sus hojas, y el ciclo del agua, y las estaciones del año; el cuerpo de una persona y el de un reptil tienen estructura. Los edificios también, igual que la gramática. Cuando tales estructuras se alteran, sobrevienen por lo común algunos males.
En aquel lejanísimo reparto de los significados entre unas palabras y otras, los términos “estructurar”, “estructurado” y “estructura” absorbieron ideas muy positivas. Y sus vocablos contrarios se quedaron con la peor parte: “desestructurar”, “desestructurado”, “desestructura”. Esas tres voces del otro lado del espejo no han entrado siquiera en elDiccionario. Se ganaron su legitimidad morfológica, eso sí, mediante la aplicación del sufijo des-, que las sitúa, ay, en la parte oscura de la negación de términos positivos (como en “desconfiar”, “desordenado”, “descontrol”…).
Así, se considera pernicioso que un niño se eduque en una familia “desestructurada”, o que el mercado se “desestructure”, o que asistamos a la “desestructuración” del tejido industrial, porque todo lo bueno goza de estructura.
El genoma humano no vale nada si no se enuncia en el orden adecuado, y todas las palabras del Quijotereunidas en un caldero no harían una obra maestra, sino un galimatías. Elogiamos a las personas que muestran una mente bien estructurada, que dan a cada concepto la trascendencia debida sin poner arriba lo trivial ni debajo lo decisivo.
La enseñanza se ha venido impartiendo hasta ahora conforme a unas estructuras que nos llevan de los enunciados generales a otros más complejos que encajan milagrosamente en aquellos. Un científico debe conocer la estructura de la materia sobre la que investiga, y estructurar asimismo su propia sabiduría. Y si desea transmitirla, con estructuras habrá de hacerlo.
El buen olor semántico de todo lo que se estructura nos hace dar así por buena la estructura del partido político, la estructura de nuestra empresa, la de las leyes; y podemos aspirar a derribarla, pero siempre para construir de inmediato otra estructura, por diferente que se pretenda.
Por su parte, la “desestructuración” nos preocupa si ocurre en el cerebro de una persona, o en una ciudad, o en cualquier sistema que funcione con engranajes: se desestructura primero lo que caerá luego.
Las noticias se han transmitido hasta hace poco con arreglo a la estructura de los periódicos, asimilada después por los informativos de radio y de televisión. Los diarios digitales de hoy están dotados igualmente de una estructura que jerarquiza la información y la ordena.
Sin embargo, las noticias circulan ya muy a menudo en nuestros días desestructuradas por redes y espacios, y millones de personas se dicen informadas con arreglo a sus picoteos y sus curiosidades personales. Toman los hechos de acá y de allá, deslavazados y dispersos. No acceden a un medio en su conjunto, sino a noticias que leen aisladas y sin enmarcar.
Y la expresión correspondiente, “información desestructurada”, está ausente de nuestros principales debates, tal vez porque esto no lo percibimos como problema: no hablamos de “desestructura”, sino de “libertad”, de “información en las redes”, de “acceso sin fronteras”.
Pero este panorama no tiene por qué implicar daño. Por ventura, tal maremágnum de testimonios, infundios, certezas y barruntos habrá de pasar, ahora sí, por la propia estructura del razonamiento de cada persona, que por lo general se conformó felizmente fuera de Internet.
Este cibermundo sin jerarquías vivirá mucho tiempo. Por eso convendría responder a su desafío reforzando las estructuras previas del pensamiento de los escolares, de modo que procesen con inteligencia la información desestructurada, tan inadvertida como fenómeno que ni siquiera la calificamos con ese adjetivo. Casi nadie usa una palabra de connotación negativa para algo que ahora se ve tan prestigioso.
fuenteshttp://elpais.com/elpais/2014/02/21/opinion/1393008906_441098.html
Europa
in sorpresa: la primera votación en el Congreso sobre el plan soberanista catalán se ha saldado con el rechazo por el 85% de los diputados. UPyD, a la caza del voto nacionalista español, ha provocado el adelanto de una respuesta cantada. Algo falla en el sistema político cuando un plan avalado por dos tercios del Parlamento catalán no merece el más elemental reconocimiento del Congreso: se le da con la puerta en las narices, sin apenas hablar.
Esta actitud da la razón a los que piensan que tarde o temprano este problema acabará en manos de Europa, que será la que impondrá la solución. La impotencia de la política española está dando reiteradamente a la Unión Europea la última palabra, a pesar de que unos y otros repiten que esta solo la tiene el pueblo soberano.
Esta semana, Guindos criticaba en Bruselas la austeridad a ultranza que ha dejado a los países de la periferia exhaustos. La frase tiene miga, primero, porque su Gobierno ha aplicado sin rechistar las políticas que Europa le ha impuesto: no hay alternativa, decía Rajoy. Y segundo, porque es el reconocimiento de que las políticas que el PP ha practicado han dejado al país extenuado. Cualquiera diría que Guindos tiene ganas de que le echen. Sin embargo, expresa muy bien la actitud del Gobierno: la culpa siempre es de otros; y las limitaciones de una política en crisis de representación, que las resuelvan otros.
En el conflicto catalán, la incapacidad de las dos partes de ponerse en el sitio del otro, de esforzarse en entender la realidad de cada cual, porque es más cómodo el recurso permanente a la retórica del amigo y del enemigo, pone de manifiesto que no existen los protocolos de comunicación necesarios para abrir un escenario de negociación. Los partidos españoles dicen: “No podemos movernos un centímetro porque nos echan”. Los partidos soberanistas catalanes responden: “No podemos dar marcha atrás porque la ciudadanía se nos lleva por delante”. El rechazo es la única forma de diálogo existente. Nadie es capaz de explorar lo que podría ser un lugar de encuentro: una relación de tipo confederal, con Cataluña como Estado libre asociado, que implicaría su reconocimiento pleno como sujeto político.
Los problemas indivisibles —y este lo es— en democracia solo se resuelven con el voto. Tarde o temprano, Cataluña acabará votando. El rechazo al referéndum no impedirá que los catalanes expresen su posición en unas elecciones autonómicas. Y, en función de los resultados que se den, si España sigue siendo impotente para resolver el problema por sí sola, Europa intervendrá y marcará el camino. Antes que excluir a Cataluña (como repite el discurso del miedo), Europa intentará buscar una salida, porque no tiene ningún interés en tener otro foco de conflicto permanente. Y España habrá hecho el ridículo porque la intransigencia —que la votación del Congreso prefigura— habrá bloqueado cualquier salida pactada.
fuentes http://elpais.com/elpais/2014/02/20/opinion/1392920212_106124.html
Granados, el 'yuppie' que quiso ser político (y se abrasó por ello)
Francisco Granados ascendió y cayó fulgurantemente en su lucha por el poder interno del PP de Madrid al enfrentarse al ahora presidente Ignacio González
Esperanza Aguirre terminó decantándose por González, lo que dejó en caída libre al ahora dimisionario que provenía del mundo de la banca, no de la política
Una noche de diciembre de hace más de un lustro, en plena fiesta navideña ofrecida por la Comunidad de Madrid y cuando los empleados del cátering comenzaban a recoger las barras del cóctel, el entonces consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados, quiso continuar la fiesta: "Pues se hace una ampliación de contrato", comentó entre risas ante la negativa del encargado, y soltó un "si no hay más botellas traemos las de mi despacho". Parecía una fanfarronada. Pero, al final, los camareros, que se miraban medio extrañados, prolongaron su jornada y el festejo se adentró, aún más, en la madrugada. El evento se hacía en la sede de la consejería de Granados. Y Granados era el rey de la fiesta. Así se las gastaba. Era la época cúspide de la burbuja inmobiliaria, el dinero a espuertas (y la trama Gürtel).
En ese caldo de cultivo en el que los dirigentes del PP de Madrid no paraban de exclamar que la región era "la locomotora económica de España", Francisco Granados trató de convertirse en la figura política de la derecha regional al calor del sol de Esperanza Aguirre y terminó abrasado. Granados era un yuppie. Un broker de la bolsa al que su pasado con el dinero había despertado el gusanillo político. Un sueño que estaba ya convertido en pesadilla por obra y arte del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al que trató de disputar el favor de la reina madrileña del PP. Perdió.
Nacido en Valdemoro en 1964, saltó de la banca privada a la alcaldía de su pueblo en 1999. Con ese perfil de éxito profesional, de liberal, de capitalista, Esperanza Aguirre lo reclamó para su equipo en 2003. Y al año siguiente lo colocó de secretario general del PP madrileño. Fulgurante. Se juntaron en el Ejecutivo de Aguirre su hombre de toda la vida, Ignacio González, y la nueva oleada: Granados. Se inició una lucha por el poder dentro del núcleo más duro del PP. Dentro de la administración más importante que manejaba el partido durante los años de oposición de Mariano Rajoy. El bastión popular. Allí el dinero, las inauguraciones sin cesar de obras (Granados empezó como responsable de Transportes) y las mayorías absolutas en las urnas mantuvieron esa disputa en modo interno y soterrado -en la que algunos aseguran que hubo episodios de gritos mutuos-. En la cima de la montaña de gasto público en la que se convirtió Madrid, Granados se sacaba lustre.
Pero la ambición política le pudo, y los enemigos empezaron a mostrar las garras. En 2006 un extraño incendio en el garaje de Francisco Granados calcinó el Mini que usaba su mujer, Nieves Alarcón. Con las llamas trascendió que el vehículo estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, Grandes Locales de Negocios. El consejero explicó que el antiguo dueño no había tramitado aún el cambio de titular. Una mancha en el historial que se diluyó tras su perenne sonrisa y en el mar de una bonanza económica a la que le quedaba poco. En 2009 la constructora volvió a ser noticia, porque construía una mansión en la que, sin ser la dueña, Nieves Alarcón elegía materiales y detalles. Tras publicarse la información, Granados y su mujer renunciaron a mudarse.
Número tres de Aguirre
En 2008 se convirtió en titular de Presidencia, Justicia e Interior. Ya era número tres. Con una sede a escasos metros del edificio de la presidenta, en las jornadas vacacionales ejercía de presidente en funciones. Daba las ruedas de prensa en nombre del Gobierno. Ascendía. Tanto Granados como González trabajaban su imagen. Les gustaba hacer corrillos con los periodistas, gastaban bromas, lucían simpatía. Donde iba el uno iba el otro, quizá, para no dejar campo libre.
Pero en 2009 le estalló en las manos al hasta ahora senador y diputado regional el escándalo del espionaje político, la llamada gestapillo. Espionaje por parte de funcionarios al servicio de la Comunidad hacia compañeros de partido. Unos acólitos de total confianza que el ex alcalde se había traído de su pueblo. El departamento de Interior dependía de Granados. Y los seguimientos se habían producido contra Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid) y Alfredo Prada (ex vicepresidente de la Comunidad).
Ambos se habían significado a favor de Mariano Rajoy en el momento de mayor debilidad del líder en 2004. El mismo momento en el que se especulaba con una posible toma del poder nacional del PP por parte de Esperanza Aguirre. En medio del barullo del supuesto espionaje político, Ignacio González apareció como perseguido con cámaras ocultas en un viaje a Cartagena de Indias (Colombia) a cuenta del Canal de Isabel II. Así, Francisco Granados fue dibujado como cabeza de una red de espionaje político a colegas de partido e Ignacio González como víctima a pesar de que muchas fuentes policiales aseguraron que uno y otro caso no podían ser parte de los mismosperseguidores. Granados comenzaba a declinar.
"Para lo que hago, que es sólo apretar botones...", ha deslizado el ex dirigente popular para restarle importancia a su salida del mundo político. Fue el destino de desagüe que le dejaron tras caer en desgracia. En 2011 hubo elecciones autonómicas y, tras ganarlas Esperanza Aguirre, Granados ya no entró en el Gobierno. Le habían ofrecido ser el portavoz parlamentario, según filtró entonces el equipo de González. No quiso.
Así que en una tarde fría de noviembre de 2011, Aguirre y González terminaron el trabajo y sacaron a Granados de la secretaría general del PP de Madrid. Se aupaba allí al futuro presidente de la Comunidad. Al pie del edificio de Génova, 13, sólo Granados emitió algunas palabras de "agradecimiento" a Aguirre por la confianza. Aguirre y González salieron por el garaje hacia la Puerta del Sol. Él iba camino del Senado. Un silencio a cambio de ese trabajo que hoy desprecia en el momento de la caída completa.
fuenteshttp://www.eldiario.es/politica/granados-caida-lucha-poder-gonzalez_0_230977075.html
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