Los delitos del caso barcenas se diluyen

Mucho se ha escrito sobre el futuro judicial del caso Bárcenas, que investiga la supuesta contabilidad B en el Partido Popular. Un caso de esta magnitud –que afecta al partido político que sustenta al Gobierno y que extiende la sombra de la duda sobre su financiación durante 20 años– está sometido a importantes intereses sociales y políticos y a una enorme atención mediática. Y en este punto, la pregunta del millón es la siguiente: ¿cuál es la viabilidad jurídica, el futuro penal, del caso Bárcenas?

En su último escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el fiscal del caso, Antonio Romeral, ofrece algo de luz sobre el recorrido judicial que, en este momento, puede tener esta causa. Lo hace al pronunciarse sobre la petición que una de las acusaciones populares hace al juez para que llame a declarar al presidente del PP, Mariano Rajoy. Aunque la petición afecta también al exvicepresdiente del Gobierno Rodrigo Rato y al exministro del InteriorJaime Mayor Oreja, Romeral basa sus argumentos en lo que tiene que ver con el presidente del Gobierno.

«Difícil acomodo penal»

Según su criterio, en este momento de la investigación no hay pruebas ni indicios de que se hayan cometido los delitos denunciados por el extesorero Luis Bárcenas. Según las propias palabras del fiscal, la «ausencia de unos hechos delictivos indiciariamente acreditados que sustenten la continuación de la instrucción». En este contexto, Romeral se opone a la citación de Rajoy por su «difícil acomodo en el proceso penal», al menos en este momento de la investigación.

En el futuro, habrá que ver si los informes periciales que están pendientes ofrecen nuevos indicios sobre los que apoyar la investigación. Se trata de informes que el juez ha reclamado a la Intervención del Estado, a los expertos policiales de la UDEF y a los técnicos caligráficos. Mientras tanto, las pruebas y los indicios brillan por su «ausencia».

Lo que el fiscal si detecta, en cambio, en la petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) es un interés más cercano a fines políticos que jurídicos. «Las diligencias solicitadas», explica Romeral, «se revelan como diligencias de conveniencia, orientadas más a un interés extraprocesal que al que debe presidir todo procedimiento penal de averiguación del delito y sus partícipes». Otra prueba de los intereses espurios de la acusación está en uno de los argumentos utilizados: el juez debe citar al presidente del Gobierno para que ofrezca ante el Poder Judicial «las explicaciones que ante otro poder del Estado se ha negado a ofrecer». El fiscal considera con esta explicación ADADE «incurre en un palmario y grave error» sobre la función del derecho penal.

Además, explica que para pedir la citación de Rajoy, la acusación se basa en la declaración de Bárcenas, quien afirmó la existencia de una contabilidad B en el partido como de dos pagos al presidente del PP y a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. En concreto, según el extesorero, un pago a cada uno de 20.000 euros en el verano de 2009 y otro de 25.000 en marzo de 2010. Para el fiscal, después de que Cospedal declarara como testigo en agosto, «ahora sí tenemos una declaración de contraste», ya que «negó tajantemente los pagos anotados que a ella se refieren, como de estos dos últimos cuya entrega compartió» con Rajoy.

En conclusión, Romeral considera que hay que esperar a que se practiquen pruebas periciales sobre los documentos de Bárcenas, puesto que «se manifiestan algunas divergencias entre las anotaciones y saldos», como los que abarcan de junio a diciembre de 2008.

Cautela y periciales

En definitiva, para el fiscal Romeral, el estado actual de la investigación exige «cautela», sobre todo con aquellas diligencias que «pueden despertar interés político y social». Por eso, el Ministerio Público se remite a los informes periciales que ya han sido encargados por el juez y que serán los que definan el futuro 

El juez Ruz es el que debe tomar la decisión de citar o no al presidente del Gobierno

penal del caso.

Con la posición de la Fiscalía sobre la mesa, ahora es el juez Ruz el que debe tomar la decisión de citar o no al presidente del Gobierno. Esta puede ser una buena prueba para medir la viabilidad jurídica, el futuro penal, que el magistrado ve en el caso Bárcenas, una pieza separada de la investigación principal que la Audiencia Nacional está siguiendo sobre la trama Gürtel.

fuenteshttp://www.abc.es/espana/20130927/abci-delitos-barcenas-diluyen-201309262159.html

El fiscal protege a Rajoy del “interés social” y rechaza citarlo por Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en el caso Bárcenas sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. El representante del ministerio público en la causa, Antonio Romeral, presentó el pasado martes un escrito en la Audiencia Nacional en el que rechaza el interrogatorio de Rajoy al considerarlo una “diligencia de conveniencia” orientada “más a un interés extraprocesal que (...) a la averiguación del delito y sus partícipes”.

En su escrito, el fiscal pide al instructor de la causa, Pablo Ruz, que actúe con “cautela” y evite “aquellas diligencias que aun cuando pueden despertar interés político y social, lo hacen sobre la base de unos hechos y expectativas de difícil acomodo en el proceso penal”. Romeral se opone también a la declaración de los antiguos líderes conservadores Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja en la causa sobre la contabilidad b que supuestamente llevaba el extesorero del partido Luis Bárcenas.

En su escrito, de tres páginas, Romeral rechaza las diligencias solicitadas por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), una de las acusaciones populares del caso Bárcenas. Esta agrupación pretendía que Rajoy declarara sobre los apuntes de la contabilidad secreta de Bárcenas, que le imputan la recepción 12.600 euros de dinero negro en enero y junio de 2008. Además, pretendían preguntar al presidente del Gobierno sobre dos supuestas entregas de 20.000 y 25.000 euros que Bárcenas afirmó haber dado a Rajoy y a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en verano de 2009 y marzo de 2010.

En su escrito del pasado 17 de julio, Adade justificaba su petición de que Rajoy declarara en un argumento resbaladizo: como el presidente había “hecho caso omiso al clamor ciudadano” de que ofreciera explicaciones sobre el caso Bárcenas en el Parlamento, resultaba “obligado” a que las diera ante el poder judicial.

El fiscal empieza vapuleando este razonamiento de la acusación popular. “Al poder judicial no le corresponde la función que pretende la parte ni debe suplir a ningún otro poder del Estado (...) La acusación incurre en un palmario y grave error en el entendimiento del principio de intervención mínima del derecho penal”, escribe Romeral.

El fiscal apunta varios motivos de fondo para oponerse a la testifical de Rajoy. El primero es que el interrogatorio a Dolores de Cospedal, el pasado 14 de agosto, en el que esta negó tanto los apuntes de la contabilidad b como las supuestas entregas de dinero en 2009 y 2010, sirve como “declaración de contraste” de las acusaciones de Bárcenas sobre Rajoy.

También pone de manifiesto Romeral algunas “divergencias” entre las anotaciones de la contabilidad manuscrita de Bárcenas, publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero, y la documentación y el lápiz de memoria (pen drive) aportado por el extesorero en su última declaración ante el juez Ruz, el pasado 15 de julio.

El representante del ministerio público considera que en la investigación de los papeles de Bárcenas no se han acreditado hasta el momento hechos de “trascendencia jurídico penal”. Romeral opina que para demostrar o no la existencia de delitos fiscales por parte del PP en los ejercicios de 2007 y 2008 —los anteriores han prescrito— está pendiente de emitirse un informe pericial de la Agencia Tributaria, otro de la policía y un análisis caligráfico de los originales de los papeles de Bárcenas. También falta por conocerse un informe de los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado, que deberá determinar si hay conexión entre los ingresos apuntados por el extesorero procedentes de grandes empresarios de la construcción y la adjudicación de obras por distintas Administraciones.

fuenteshttp://politica.elpais.com/politica/2013/09/25/actualidad/1380137510_945060.html?rel=rosEP

El fiscal rechaza reclamar los contratos de las empresas donantes del PP

La Fiscalía Anticorrupción sigue oponiéndose a la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por las acusaciones del caso Bárcenas. Tres días después de rechazar la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el fiscal encargado de la causa sobre la contabilidad secreta del extesorero del PP se ha opuesto a que se examinen todos los contratos con las administraciones públicas logrados por 12 de los empresarios que figuran como supuestos donantes de dinero negro a la formación conservadora entre 1990 y 2008. Aunque la última palabra sobre estas pruebas corresponderá al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, este suele estimar las peticiones del ministerio público

El fiscal Antonio Romeral presentó ayer un nuevo escrito ante el juez Ruz en el que se opone a ordenar al Ministerio de Fomento que entregue “una copia de la integridad de los expedientes de los concursos y contrataciones suscritos entre 1990 y 2012” con las constructoras de los supuestos donantes. Esta diligencia ha sido solicitada por el Observatori Desc y tiene por objeto examinar los contratos para ver si guardan relación con las entregas de dinero que Bárcenas consignó en su contabilidad manuscrita.

La negativa del fiscal ha sido rotunda. Según él, esta diligencia “además de inútil e impertinente, resulta perjudicial para el desarrollo de la instrucción”. Romeral calcula que se trataría de examinar “más de 2.000” expedientes de contratación tanto de las empresas querelladas como de sus filiales y sociedades participadas. “La recopilación, copia y posterior examen de tan ingente documentación comporta el empleo de numerosos funcionarios y el retraso en la instrucción por un tiempo (...) desde luego superior a un año en el mejor de los casos”.

El fiscal entiende que la práctica de esta prueba “solo estaría justificada por la existencia de indicios bastantes de la comisión de hechos delictivos”. Según el representante del ministerio público, lo que busca la acusación popular con esta diligencia es una “investigación prospectiva”, aquella en la que se buscan delitos sin contar con una base objetiva, algo vetado por la ley. Se trata, de acuerdo con Romeral, de “un planteamiento incoherente o al menos formulado sin la necesaria reflexión”.

El representante del ministerio público recuerda que está pendiente de presentarse un informe de la Intervención General del Estado en el que se relacionan las supuestas entregas de dinero de los empresarios con las adjudicaciones de las distintas administraciones gobernadas por el PP. Este informe determinará si los constructores pagaron al partido a cambio de los contratos, lo que supondría un delito de cohecho. También hay solicitado un informe a la Agencia Tributaria sobre las cuotas impositivas dejadas de pagar por el PP por los ingresos en b, que computan como rendimientos empresariales, y la posibilidad de que supongan delito fiscal si superan la cuota anual defraudada de 120.000 euros.

El fiscal ha dejado entrever en sus escritos la idea de que lo investigado hasta ahora en la pieza separada del caso Gürtel —y a falta de los citados informes periciales— no se desprenden hechos delictivos. En realidad, hay un delito que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el propio magistrado ven muy acreditado en el caso de los papeles de Bárcenas. Se trata del delito contable, del artículo 310 del Código Penal, que castiga con una pena de cinco a siete meses de prisión al encargado de llevar contabilidad mercantil que lleve cuentas que “oculten o simulen la verdadera situación de la empresa”. Este delito, de escasa consecuencias penales, sí tiene una fuerte trascendencia política. De probarse, implicaría que el PP se financió irregularmente durante dos décadas con fondos de origen opaco.

fuenteshttp://politica.elpais.com/politica/2013/09/27/actualidad/1380280557_552398.html?rel=rosEP

Bloomberg dice que Moncloa les pidió no emitir las preguntas sobre Bárcenas

Mariano Rajoy había tomado una decisión firme después del pleno del 1 de agosto: ni una palabra más sobre el caso Bárcenas. Preguntase lo que preguntase la prensa española, tanto él como los dirigentes del PP contestaban lo mismo: “Todo lo que tenía que decir lo dije el 1 de agosto, no tengo nada más que añadir”. Esa estrategia ha funcionado en España, pero ha fracasado en cuanto el presidente, muy interesado en tratar de difundir la recuperación española en los mercados internacionales, ha decidido conceder entrevistas a medios de EE UU en su viaje a Nueva York.

Fragmento de la entrevista en inglés que le hizo a Rajoy la periodista Sara Eisen para Bloomberg TV.

La Moncloa intentó evitar que se emitiera esta parte de la entrevista, que dura en total 22 minutos. Fuentes oficiales de la cadena Bloombergen Nueva York confirmaron a EL PAÍS que miembros del equipo de Rajoy les pidieron que no se emitieran las preguntas y respuestas sobre el caso Bárcenas, noticia que adelantó Vozpopuli. Las mismas fuentes aseguraron que la cadena contestó que no iban a suprimir esos pasajes “por criterios de integridad periodística”.

Rajoy se vio obligado en una cita con Bloomberg a hablar del caso Bárcenas con varias preguntas y repreguntas, lo que él más detesta, de ahí que conceda tan pocas entrevistas —en España hace meses que no da ninguna—. Y de nuevo volvió a lanzar una de esas frases que le perseguirán, similar a aquella de “todo es falso salvo alguna cosa”.

¿Dimitiría usted si se demuestra que algunas de sus tres campañas se financiaron de forma ilegal? Le preguntó la periodista Sara Eisen. Y Rajoy, visiblemente molesto, contestó: “Hay cosas que no se pueden demostrar; no tiene sentido decir qué haría si no se puede demostrar. No hubo financiación ilegal”. Ese confuso “hay cosas que no se pueden demostrar” generó enseguida todo tipo de comentarios. “A Rajoy le han pillado diciendo lo que piensa”, aseguró Antonio Hernando, del PSOE. La estrategia del PP en este momento pasa por confiar en que el juez Ruz concentre toda la responsabilidad penal en Bárcenas y el resto de los dirigentes queden fuera, por lo que podrán decir que la justicia les ha exonerado.

Pero también es muy novedosa la segunda parte: “No hubo financiación ilegal”. Ante la evidencia de algunos datos contrastados ya por la investigación, como la coincidencia entre los papeles de Bárcenas y algunos ingresos fraccionados en donaciones que figuran en la contabilidad oficial, el PP y el propio Rajoy hace meses que dejaron de decir esa frase. De hecho, María Dolores de Cospedal, cuando fue llamada a declarar ante el juez Ruz, no fue tajante en este punto y se limitó a decir que ella no tenía conocimiento de comportamientos irregulares, pero derivó toda la responsabilidad hacia Bárcenas y Álvaro Lapuerta, los dos últimos extesoreros, ya que dijo que ella no se encargaba de las donaciones y no las controlaba.

Sobre la financiación ilegal: “Hay cosas que no se pueden demostrar”

Rajoy, ante la pregunta repetida varias veces en los últimos meses de si estaba en condiciones de afirmar que no hubo financiación ilegal, esquivaba la respuesta. En Nueva York, ante la insistencia de la periodista de Bloomberg, se sintió forzado a contestar cosas que nunca ha contado en España.

Rajoy no habla sobre esto ni ante la prensa española ni ante los parlamentarios de su país desde el 1 de agosto. A las preguntas de la oposición en estos primeros plenos de septiembre, Rajoy ha contestado con el consabido “todo lo que tenía que decir ya lo dije”. Claro que en el Congreso español, con un reglamento rígido, no hay repreguntas. El PP ha usado además su mayoría absoluta para vetar iniciativas de la oposición que pretendían dilucidar si Rajoy ha mentido al Congreso sobre el caso Bárcenas. Pero todos esos intentos parecen inútiles. El asunto persigue al presidente allá donde vaya y la entrevista con Bloomberg deja claro que la idea que traslada La Moncloa de que fuera de España nadie inquiere sobre esta cuestión no es real.

Intentó esquivar el asunto de los ordenadores: “No sé nada de eso”

La entrevistadora fue más lejos y le recordó a Rajoy que las encuestas dicen que el 70% de los españoles creen que no dice la verdad —“trabajo para darle la vuelta a esas encuestas”, replicó él— y le preguntó por los ordenadores de Bárcenas que el PP ha borrado. Atrapado en una entrevista que creía que solo trataría de economía —Bloomberg está especializado en este tema—, el presidente trató de eludir cualquier responsabilidad, cada vez con la expresión más molesta.

“Se ha sabido que se destruyeron algunas de las pruebas que pidió el juez. ¿Despedirá usted a los responsables?”, le preguntan. Rajoy se cierra: “Desconozco que se llevara a cabo destrucción de pruebas”. La periodista insiste: “Algunas de las pruebas que solicitó el juez no estaban en un ordenador”. El presidente trata de esquivar: “Lo desconozco absolutamente. No sé nada de eso. No sé si estaban allí, si habían estado antes o si alguien se las llevó. Ahora el caso pasará a otro tribunal y espero que lo juzgue de acuerdo a la ley y todos lo respetaremos. Pero no sé nada de eso”.

fuenteshttp://politica.elpais.com/politica/2013/09/26/actualidad/1380199783_545451.html?rel=rosEP

El Gobierno arranca con perfil bajo y evita choques con el PP por Bárcenas

Ni Siria, ni Bárcenas, ni pensiones, ni Gibraltar, ni Cataluña. El Gobierno ha vuelto de casi un mes de silencio público en La Moncloa con la clara intención de no entrar a ninguno de los asuntos que dominan la actualidad. Un decidido perfil bajo para el arranque del nuevo curso político. Todos los ojos del Ejecutivo están puestos en los movimientos de su presidente, el único que puede hacer cambios relevantes. Y mientras él no se mueva —hoy arranca el curso en Pontevedra y el lunes ha citado al Comité Ejecutivo del PP—, los ministros, los dirigentes clave y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, parecen dispuestos a ganar tiempo.

“No estamos en eso, los ministros no me han comentado nada”, contestó con una sonrisa cuando le preguntaron por una posible crisis de Gobierno. La portavoz hizo este viernes esfuerzos por evitar cualquier respuesta concreta, en especial sobre el caso Bárcenas, pero no solo. Para esquivar este delicado asunto del que ella quiere mantenerse lejos, argumentó que el Gobierno no puede valorar el borrado de los ordenadores de Bárcenas por parte del PP porque ahí el partido al que ella y casi todo el Gobierno pertenecen actúa “como empresa”.

Muchos diputados, dirigentes y miembros del Gobierno están desolados por la imagen que está ofreciendo el partido con la nueva polémica ahora por el borrado de los ordenadores, pero Sáenz de Santamaría fue muy cautelosa para evitar cualquier choque con la dirección del PP y con Dolores de Cospedal, responsable, con o sin la autorización deRajoy, de la decisión de borrar el contenido de los ordenadores. De fondo está la batalla interna que se vive en el PP con el caso Bárcenas y Sáenz de Santamaría claramente no quiere entrar en ese avispero.

Muy llamativo fue el decidido bajo perfil del Gobierno sobre otros asuntos clave, como el de Siria. Mientras todos los otros grandes países europeos —Reino Unido, Francia, Alemania e Italia— han fijadoposiciones claras con intervenciones de sus líderes, Sáenz de Santamaría evitó mojarse. Dijo que España está “a la espera” delinforme de los inspectores de la ONU “y de lo que diga la comunidad internacional para adoptar decisiones”. Ni siquiera quiso aclarar si Rajoy ha hablado con algún mandatario internacional sobre el asunto. La memoria de la guerra de Irak y el gran protagonismo de José María Aznar, que perjudicó al PP en las urnas, parecen pesar sobre Rajoy y los suyos, que prefieren estar en segundo plano.

El Ejecutivo también quiso ganar unos días en dos cuestiones que centraran la actualidad en las próximas semanas. Primero, la reforma de las pensiones. La decisión del Gobierno ya está prácticamente tomada y el lunes se la comunicará Fátima Báñez a sindicatos y patronal. Pero Sáenz de Santamaría no quiso dar ninguna pista de momento. El informe de los expertos, que fue muy polémico en julio, es la base de la decisión del Ejecutivo, pero en los detalles estarán la clave y la negociación para evitar que los sindicatos convoquen una huelga general, algo que el Gobierno ve poco probable.

Y el otro gran asunto es el de Cataluña. La vicepresidenta tampoco quiso calentar el ambiente y evitó entrar en las posibles consecuencias de un éxito de la cadena humana organizada para el 11 de septiembre. El Gobierno empieza así al ralentí, pero todo depende como siempre de Rajoy, y es él quien marcará el ritmo hoy en Soutomaior (Pontevedra) y el lunes en la calle Génova.

fuenteshttp://politica.elpais.com/politica/2013/08/30/actualidad/1377889018_975870.html?rel=rosEP

Rajoy rompe su última promesa

El Gobierno ha roto con la última gran promesa electoral que en materia económica le quedaba por incumplir al anunciar hoy que no revalorizará las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo. La actualización de las pensiones fue una de las claves más importantes –si no la principal- del programa electoral con el que concurrió el Partido Popular a las elecciones del 20 de noviembre del pasado año. Y ha sido también transgredida en la segunda ocasión que se le ha presentado al Gobierno de adoptar una decisión sobre el principal capítulo de gasto del Presupuesto. El año pasado, nada más llegar al poder, el Ejecutivo conservador decretó una subida del 1% de las pensiones para 2012. Entonces, Rajoy reprochó agriamente al Ejecutivo saliente de José Luis Rodríguez Zapatero que hubiera incumplido la ley en vigor de actualización automática de las pensiones de acuerdo a la subida de precios, al congelar las pensiones en 2011. Hoy, el incumplidor de esa ley es el Gobierno del PP.

El incumplimiento de esta promesa electoral se une así a otros tantos en materia fiscal como la subida generalizada de impuestos directos (IRPF, rentas de capital, IBI, etcétera), el aumento del IVA, el abaratamiento de los despidos mediante la reforma laboral, el copago sanitario, el incremento de tasas universitarias o la amnistía fiscal.

De hecho, tanto el presidente Rajoy como otros miembros de su gabinete se han pronunciado públicamente en numerosas ocasiones a lo largo de todo 2012 apostando por la compensación a los pensionistas. Y se han agarrado a la revalorización de las pensiones como la “única línea roja” que no estaban dispuestos a cruzar en aras a la austeridad.

La última ocasión en que con más rotundidad Mariano Rajoy se pronunció sobre el tema fue en la entrevista que concedió a TVE (la primera que concedió a una televisión desde que accedió a La Moncloa) el pasado 10 de septiembre. “Si algo no tocaré, serán las pensiones, porque es el más indefenso y no tiene una segunda oportunidad”, y “por eso, es la única partida del presupuesto que no he tocado ni pienso tocar en los próximos tres años”, señaló entonces.

Pero no fue ni mucho menos el único pronunciamiento oficial sobre la materia. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledodel Congreso el pasado 8 de noviembre afirmó tajantemente que actualizaría las pensiones de acuerdo a la inflación de noviembre. “Pedirle a un Gobierno que esté sistemáticamente afirmando que va a cumplir la ley es un ejercicio tan ocioso como inútil: la ley está para cumplirse. Han adoptado en las últimas semanas una estrategia preventiva que tendrá que justificar. No inviertan la carga de la prueba", dijo entonces Burgos en su respuesta enérgica a los portavoces de la oposición.

También la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló el pasado 25 de septiembre en una entrevista con la cadena SER que lo último que se debía tocar eran las pensiones y aseguró tajante: ''Las pensiones se van a subir y se ajustarán a la subida de la vida''.

 Las pensiones son el último incumplimiento del Gobierno de Rajoy pero no el único. Otros anteriores son los siguientes: 

- IRPF, ahorro e IBI. “Quiero dejarlo muy claro para que nadie se llame a engaño. Nos vamos a oponer a cualquier subida de impuestos. Subir los impuestos hoy significa más paro y más recesión y darle un vuelta de tuerca más a la maltrecha economía de las familias y las empresas”. Rajoy en Soutomaior (septiembre de 2011). Pese a la declaración, su Gobierno anunció apenas una semana después de tomar posesión la mayor subida de impuestos directos, con un recargo en el IRPF de entre 0,7% y el 7%, según los tramos. El aumento, para 2012 y 2013, afecta a 17 millones de contribuyentes y supone 300 euros más al año para un salario medio. Las retenciones para el ahorro también subieron entre dos y seis puntos, con un tipo máximo del 27%. Y aumentó el IBI, entre un 4% y un 10% para 25 millones de inmueble

 - Reforma laboral. El PP aseguró que no abarataría el despido, sino que promovería el contrato indefinido como regla general. En febrero pasado, el Gobierno aprobó la reforma laboral que establece el despido procedente con 20 días de indemnización por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, al tiempo que amplia las causas de despido por malos resultados financieros como caída de ventas. Las empresas también pueden modificar unilateralmente condiciones de trabajo y salarios.

 - Amnistía fiscal. El PP por boca de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, calificó de “impresentable antisocial e injusta” la amnistía fiscal que preparaba el Ejecutivo de Zapatero y que nunca se llegó a aprobar. Ya en el poder, Rajoy rescató el proyecto permitiendo a los defraudadores blanquear su dinero tributando solo por el 10% del capital evadido, sin intereses ni multas. El plan, que venció ayer, no ha logrado recaudar ni de lejos el objetivo que se propuso de 2.500 millones de euros.

 - Copago sanitario y tasas universitarias. “Le voy a meter la tijera a todo salvo a las pensiones públicas, a la sanidad y a la educación”. Rajoy (4 noviembre 2011). El Gobierno aprobó el 20 de abril el copago farmacéutico en función de la renta de los ciudadanos, incluidos los pensionistas que, con carácter general, pagan ahora el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros. Se restringió asimismo la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales. En enseñanza, los universitarios deben pagar entre el 15% y el 25% del coste real de la titulación, hasta un 10% más de lo que pagaban en el anterior curso, y se ha aumentado tanto el número de horas lectivas para los profesores, como el número de alumnos por clase.

 - Cumplimiento del déficit. Rajoy declaró unilateralmente el 2 de marzo un nuevo objetivo de déficit del 5,8%, frente al 4,4% comprometido con Bruselas. Tras pactar con la UE un nuevo objetivo del 5,3%, lo revisó tras el verano hasta el 6,3%, que se eleva al 7,3% si se tienen en cuenta las ayudas bancarias (y que el Gobierno dijo que no computarían como déficit). Y tras todo ese rosario de revisiones y parches, la mayor parte de los organismos internacionales como el FMI o la OCDE no creen que se cumpla el objetivo.

 - Subida del IVA. “Yo no soy como usted. (…) Le subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa (…) Yo lo que no llevo en mi programa, no lo hago”. Rajoy a Rubalcaba, en el debate electoral (noviembre de 2011). Esta ha sido el incumplimiento más recalcitrante puesto que cuando el Ejecutivo socialista aumentó el IVA en julio de 2010, el PP hizo del rechazo a ese aumento su principal bandera electoralista, al punto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, encabezó una rebelión institucional. Incluso cuando el PP alcanzó el poder, justificó la subida del IRPF para evitar precisamente el aumento del IVA y la penalización del consumo. Finalmente, se ha desdicho y en septiembre subió el IVA del 18% al 21%.

fuenteshttp://economia.elpais.com/economia/2012/11/30/actualidad/1354283253_940492.html

El ministro Morenés dice que Defensa dará ejemplo de austeridad

La austeridad bien entendida empieza por uno mismo. El nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha asegurado esta mañana que el órgano central de su departamento dará ejemplo a las Fuerzas Armadas y empezará por aplicarse a sí mismo la medicina de los recortes presupuestarios. Eso significa que la reestruturación orgánica anunciada el pasado viernes, en la celebración de la Pascua Militar —y que previsiblemente supondrá la supresión o fusión de numerosas unidades— empezará por Defensa y solo en una segunda fase se aplicará a los ejércitos.

Morenés ha hecho este anuncio en la toma de posesión del nuevo secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, y de la subsecretaria, Irene Domínguez-Alcahud. A ambos corresponderá la “tarea nada fácil” de gestionar los recursos materiales y personales del departamento en una época de ajustes, en la que habrá que actuar con “rigor y eficacia” y “alcanzar un equilibrio” entre las medidas de austeridad y el esfuerzo que se pide a quienes deben asumirlas, en palabras de Morenés.

Al acto ha asistido el exministro de Defensa Eduardo Serra y una amplia representación de la industria española en dicha área, con la asistencia de directivos de compañías como EADS, Indra, Hispasat, Hisdesat o Thales.http://politica.elpais.com/politica/2012/01/09/actualidad/1326136700_933401.html?rel=rosEP

“Cuantas más mujeres estén en el Ejército, habrá más posibilidades de paz”

“Cuantas más mujeres estén en el Ejército, habrá más posibilidades de paz”. La frase, con la que la subsecretaria de Estado para la Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, ha inaugurado esta mañana el I Curso internacional de Asesoría de Género en Operaciones, no alude a cuestiones de igualdad ni de cuotas en cuanto a la presencia de hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas. Son necesarias para la “eficacia de las operaciones”. “¿De qué otra forma se podría entablar contacto, por ejemplo, con las mujeres afganas si no fuera a través de mujeres militares?”, se preguntan en el Ministerio de Defensa.

La perspectiva de género “en el planeamiento, ejecución y desarrollo de las operaciones” aporta un valor añadido, sostiene Fernando Izquierdo, jefe de la Unidad Internacional del Observatorio de Género. “Por un lado, integramos a la mujer local en el proceso de reconstrucción, y por otro, conectar con las mujeres locales a través de nuestras mujeres militares muchas veces proporciona mayor seguridad porque tenemos información que de otra manera no se podría tener”, explica Izquierdo.

Algunas prácticas que ya se han puesto en marcha lo demuestran. El Equipo de Reconstrucción Provincial de Canadá en Kandahar (Afganistán) se valió de mujeres militares para establecer contactos con una mujer afgana que visitaba la base de la OTAN para vender bisutería y productos locales. A partir de ese contacto, se establecieron “reuniones secretas periódicas con mujeres afganas, en las que expresaban sus preocupaciones”, aseguran fuentes de Defensa. Las reuniones sirvieron para integrar a las mujeres en los foros de decisión con civiles locales, al tiempo que ellas facilitaron información sobre localizaciones de artefactos y explosivos y sobre líderes talibaneslocales. Según el ministerio que dirige Pedro Morenés, “esta información evitó atentados y contribuyó a la seguridad de la misión”.

“De momento, estas iniciativas se hacen motu proprio, pero con el curso queremos capacitar a los equipos para que aporten una perspectiva de género a las misiones y tengan en cuenta el número de mujeres que se necesitan para formar el contingente”, aclara Izquierdo.

La capacitación en asesoría de género a civiles es una exigencia de una directiva de la OTAN, de septiembre de 2009, en relación a la implementación de la resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad. El curso que se celebra durante esta semana en España es una iniciativa bilateral junto con Holanda acreditada por el Colegio Europeo de Seguridad y Defensa.

En España, las misiones en el exterior cuentan con un 7% de mujeres, mientras que en el ejército su presencia supone el 12% del total. “No hemos hecho estudios precisos, pero para que luego puedan formar parte de los equipos y no tengan que hacer más rotaciones que los hombres se necesitan más [mujeres]”, afirma Fernando Izquierdo, aunque asegura que, por el momento, el Ministerio de Defensa no hará campañas de captación específicas.

fuenteshttp://politica.elpais.com/politica/2012/06/11/actualidad/1339419166_778352.html?rel=rosEP

Defensa abre una investigación sobre el juez militar ultra propuesto para ascender

ha decidido abrir una investigación sobre las manifestaciones contrarias a la Constitución y al Rey y que ensalzan la guerra civil del teniente coronel y juez militar Miguel Ayuso. El general consejero togado auditor que preside el Tribunal Militar Central ha abierto "una información previa" para conocer las declaraciones de Ayuso, alineado con la rama más ultra del carlismo, y evaluar la posibilidad de "iniciar un procedimiento sancionador", según ha manifestado el Ministerio de Defensa, tras la información publicada este lunes por EL PAÍS.

Miguel Ayuso, en proceso de ascenso a coronel, considera que la Constitución tuvo “un origen bastardo y espurio”, no reconoce al Rey —se alinea con la rama más ultra del carlismo—, califica la Guerra Civil de “verdadera cruzada” y estima que la represión franquista fue “legal”. Defensa asegura que el ascenso de Ayuso se ha realizado conforme "a las normas objetivas contenidas" en la ley y subraya que en su expediente "no figura anotada pena o sanción disciplinaria alguna".

Ayuso ha sido clasificado para el ascenso a coronel por la junta de evaluación formada por los ocho generales del Cuerpo Jurídico Militar. En la resolución firmada el pasado 12 de julio por la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, Ayuso figura con el número ocho de una lista de 33, lo que le garantiza el ascenso, ya que hay previstas diez vacantes. La elaboración de esta lista provocó una crisis que se saldó el pasado día 13 con la destitución y pase anticipado a la reserva del Asesor Jurídico General de Defensa, el general José Luis Poyato.

Defensa recuerda que el teniente coronel Ayuso se encuentra destinado desde el año 2008 como vocal togado del Tribunal Militar Territorial número 1 de Madrid por una orden que firmó el 20 de noviembre de 2008 la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón.

El ministerio explica que el régimen disciplinario de los miembros del Cuerpo Jurídico Militar está reglado en la ley orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar. El artículo 1 que abre la ley deja claro que "la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del Estado, administra justicia en nombre del Rey, con arreglo a los principios de la Constitución y a las leyes", es decir, justamente lo que el teniente coronel Ayuso cuestiona. Y en su artículo 131.1 considera muy grave "el incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución establecido en el artículo 5 de esta ley, cuando así se aprecie en sentencia firme".

Defensa, por ello, explica que "la apreciación de una eventual falta muy grave del incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución, dicho sea sin ánimo de prejuzgar y a efectos puramente dialécticos, exigiría que así fuera apreciado en sentencia firme, conforme determina el artículo 131.1".

Por otro lado, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha anunciado este lunes que el PSOE pedirá una nueva comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, para que explique su "política de ascensos" y también su "régimen disciplinario" en relación con el juez militar Miguel Ayuso. Valenciano ha subrayado que este juez "ha hecho declaraciones completamente intolerables cuestionando la Constitución y alabando el golpe de Estado del general Franco".

fuenteshttp://politica.elpais.com/politica/2013/09/23/actualidad/1379967571_520099.html?rel=rosEP

Defensa promueve a un juez militar ultra que cuestiona la Constitución

“Estamos en presencia de una seudoconstitución, que no puede tener principios en función de su origen bastardo y espúreo”. “El sistema [constitucional] del 78 se basó en la mentira, por lo que antes o después tenía que desmoronarse. El desfondamiento institucional, moral y religioso hace, sin embargo, que no podamos celebrar en exceso el fiasco”.

Quien así se alegra de la supuesta quiebra de la Constitución democrática es Miguel Ayuso Torres, catedrático de Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad Pontifica de Comillas y presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos. Ayuso es uno de los representantes más destacados del pensamiento ultraconservador español, un católico preconciliar. Culto y de verbo brillante, ha escrito una veintena de libros y ha impartido conferencias en numerosos países; por ejemplo, en Guadalajara (México), donde defendió en 2007 que la guerra civil española no fue un enfrentamiento cainita, como, a su juicio, ha pretendido la literatura eclesiástica reciente, sino “una verdadera cruzada”.

La guerra civil fue una “verdadera cruzada”

Las ideas de Miguel Ayuso Torres, aunque minoritarias, entrarían dentro de la libertad de cátedra si fuese solo un profesor o un jurista, pero Ayuso es también un teniente coronel en activo de las Fuerzas Armadas españolas y su primera obligación es defender la Constitución que menosprecia.

Y no es un militar cualquiera, sino un miembro del Cuerpo Jurídico Militar, destinado en el Tribunal Militar Territorial Primero; por lo que imparte justicia a otros militares en nombre de la Constitución y del Rey.

Pero Ayuso tampoco reconoce al Rey, ya que se alinea con la Comunión Tradicionalista, la rama más ultra del carlismo, responsable de los sucesos de Montejurra (1976). De 2004 a 2010 fue jefe de la secretaría de Sixto de Borbón, que se pretende el rey legítimo de España. “Siempre he dicho que el lema del carlismo —Dios, Patria, Fueros y Rey Legítimo—, que a algunos pudiera parecer antiguo o superado, sigue siendo la única bandera de esperanza”, dice Ayuso. La primera obligación de los militares es mantener una exquisita neutralidad política.

Las opiniones del juez militar

• “Estamos en presencia de una seudoconstitución, que no puede tener principios en función de su origen bastardo y espúreo” (Lágrimas en la Lluvia. Intereconomía, 26/05/2013)
• “El sistema del 78 se basó en la mentira por lo que antes o después tenía que desmoronarse” (El matiner carlí, 10/10/2011)
• “Las Fuerzas Armadas sufren hoy una serie de leyes verdaderamente demoledoras que han acabado con el compañerismo” (Lágrimas... 20/01/2013)
• “La democracia-cristiana es el Partido Popular en nuestros días [...] por eso ese ensamblaje turbio y pintoresco de toda suerte de razas y pelajes”. (Lágrimas... 20/01/13)
• La guerra civil fue “una verdadera cruzada” (Guadalajara, México, 2007)

Es muy difícil, sin embargo, mantener esa neutralidad cuando desde hace dos años participa asiduamente como tertuliano en el programa Lágrimas en la lluvia, de la cadena de televisión Intereconomía, donde ha calificado de “legal”, aunque “severa”, la represión franquista tras la guerra civil o ha comparado la ley de Reforma Política de Adolfo Suárez de 1976 con la Ley de Habilitación que dio poderes dictatoriales a Hitler en 1933. Ni siquiera el PP se ha librado de sus críticas: “La democracia-cristina es el Partido Popular en nuestros días [...] por eso ese ensamblaje turbio y pintoresco de toda suerte de razas y pelajes”.

Son numerosas los preceptos del código disciplinario castrense que podrían aplicarse a Ayuso. Por ejemplo, se considera falta grave “emitir o tolerar manifiesta y públicamente” expresiones contrarias a la Constitución y la Corona. El pasado 20 de enero, en el citado programa de Intereconomía, Antonio García-Trevijano, calificó de “traidor” al Rey, Suárez y Felipe González. La respuesta de Ayuso fue: “El pueblo [español] es un desastre por esos gobernantes”.

En los últimos meses, los presidentes de dos asociaciones militares, el brigada Jorge Bravo y el cabo Antonio Martínez Cánevas, han sido sancionados con un mes de arresto por cuestionar los recortes salariales de los militares, el primero; y por no identificarse como militar al presentar un recurso, el segundo.

En cambio, no se ha impuesto ningún arresto al teniente coronel. Al contrario. Ayuso ha sido clasificado para el ascenso a coronel por la junta de evaluación formada por los ocho generales del Cuerpo Jurídico Militar. En la resolución firmada el pasado 12 de julio por la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, Ayuso figura con el número ocho de una lista de 33, lo que le garantiza el ascenso, ya que hay previstas diez vacantes.

Irene Domínguez-Alcahud, subsecretaria de Defensa. / MINISTERIO DE DEFENSA

La elaboración de esta lista provocó una crisis que se saldó el pasado día 13 con la destitución y pase anticipado a la reserva del Asesor Jurídico General de Defensa, el general José Luis Poyato. Según fuentes militares, la junta tuvo que reunirse dos veces y rectificar su primer acuerdo, ya que había evaluado a un excesivo número de tenientes coroneles en relación con las vacantes. Los militares solo pueden ser evaluados tres veces, por lo que les perjudica participar en una evaluación en la que no tengan posibilidad de ascender. Varias fuentes aseguran que Poyato fue advertido de que debía reducir el número de evaluados y se negó a ello. ¿Por qué? “Porque quería ascender a un colaborador y, al ser este muy moderno, debía evaluar también a los que eran más veteranos que él”.

Pero las citadas fuentes sostienen que no fue este el único motivo de desencuentro entre el general Poyato y la subsecretaria. Según las mismas, Domínguez-Alcahud le habría ordenado que incluyese a Ayuso entre los que iban a ascender y Poyato no le hizo caso. Un portavoz de Defensa aseguró que “la subsecretaria no conoce de nada a este señor [Ayuso] y no ha realizado ninguna gestión en su favor, lo que en ningún caso podría hacer”.

En la primera evaluación que se hizo, Ayuso figuraba con el número 13 (no ascendía): mientras que en la definitiva se sitúa en el número 8 (sí asciende). Defensa sostiene que hubo muchos más cambios, pues se introdujo el criterio de la antigüedad que no se había tenido en cuenta.

Ayuso lo dijo el pasado 20 de enero: “Las Fuerzas Armadas sufren hoy una serie de leyes verdaderamente demoledoras que han acabado con el compañerismo, en las que se hacen una serie de evaluaciones en las que el mérito y la capacidad son exclusivamente criterios de cobertura de la arbitrariedad y el amiguismo”. Él sabrá.

fuenteshttp://politica.elpais.com/politica/2013/09/22/actualidad/1379864500_339159.html?rel=rosEP

Un asunto inquietante

El ministerio de Defensa ha anunciado la apertura de una “información” acerca del teniente coronel Miguel Ayuso, que lleva un par de años vertiendo en público opiniones contrarias a la Constitución, no reconoce al rey don Juan Carlos —el rey legítimo, para él, es el carlista ultraderechista Sixto de Borbón— y sigue la vieja fraseología de calificar de “cruzada” a la Guerra Civil de 1936-1939 y de considerar “legal” la represión practicada por la dictadura franquista. Lo cual no es óbice para que el militar —también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas— se encuentre ahora en la fase de clasificación para el ascenso al empleo de coronel; al tiempo que mantiene la cualidad de juez militar, es decir, de persona que administra justicia en nombre del Rey constitucional.

El departamento de Defensa solo ha reaccionado tras la publicación de tales datos en este periódico. Y eso que no faltan episodios que, aun de distinto cariz, dan cuenta de algunos militares que se sienten autorizados para violar la neutralidad política exigible a su ocupación. En febrero pasado, el general de división Juan Antonio Chicharro, ex comandante general de la Infantería de Marina, sugirió una intervención militar en caso de peligro de secesión en Cataluña e hizo manifestaciones de este tenor: “La patria es anterior y más importante que la democracia”. Ese jefe militar se encontraba en la situación de reserva cuando lanzó su proclama; no así el teniente general José Mena, que en 2006 fue destituido como responsable de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra tras amagar verbalmente con una intervención, en caso de que el Estatuto de Cataluña (entonces en trámite) desbordara la Constitución.

Afortunadamente, la integración de lo militar en la cultura democrática es un hecho consolidado después de los tensos años de la Transición, salpicados de ruido de sables y rematados con la asonada del 23-F y otros proyectos golpistas. Los incidentes que vienen produciéndose desde entonces, aunque sean muy aislados, muestran la necesidad de prestar más atención a la persistencia de personas que cuestionan la Constitución en el estamento militar o de quienes en su seno, diciéndose servidores de la máxima ley, se erigen en intérpretes de la misma.

Se ha resaltado, con toda razón, la excelente prestación de las Fuerzas Armadas españolas en las misiones en el exterior y su colaboración con las de otras democracias avanzadas, en las cuales es inconcebible que los profesionales de la milicia difundan opiniones contrarias a sus respectivas Constituciones y sistemas democráticos. La politización de los Ejércitos ha sido una de las causas que en el pasado entorpecieron la relación entre las Fuerzas Armadas españolas y la sociedad a la que sirven. Por eso hay que atajar con firmeza cualquier riesgo de que la relación restablecida pueda cuartearse.fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/09/24/opinion/1380049762_116253.html

El juego catalán de los aprendices del brujo del PP

El Partido Popular y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hacen frente estos meses a una disyuntiva importante: comportarse como una simple máquina de poder que busca a cualquier precio la manera de ganar las dificilísimas elecciones de 2015, aunque sea trasladando el pesado coste de esa estrategia a las instituciones del Estado, o moderar esa maniobra de forma que no implique daño irreparable para las organizaciones fundamentales del Estado.

La observación de comportamientos anteriores del PP no invita al optimismo. Desde hace bastantes años, el principal partido conservador de España ha roto esa alternativa buscando siempre el beneficio electoral inmediato. Es decir, buscando causas que podían incentivar a sus electores, aunque significaran fracturar la sociedad y el desprestigio de las instituciones creadas por la Constitución de 1978. No fue José María Aznar el principal responsable de esa estrategia, al menos en su primer mandado, bastante cuidadoso con no provocar fracturas sociales. Se dibujó con mucha claridad cuando Aznar y el actual presidente optaron por utilizar la lucha antiterrorista como elemento capaz de provocar esa fractura de la sociedad. Lo hicieron a raíz del 11-M cuando eligieron minimizar sus errores poniendo en duda la profesionalidad de las fuerzas de seguridad y la honestidad democrática de sus oponentes políticos, convertidos ambos, en virtud de sus intereses electorales, en sospechosos de cooperar con un asesinato en masa. Lo hizo Rajoy cuando acusó en sede parlamentaria a un presidente del Gobierno de España de “traicionar a los muertos” causados por el terrorismo.

La gran disyuntiva que se plantea ahora a los responsables del PP es convertir o no el debate sobre Cataluña en una nueva causa de fractura, en una manera de recuperar voto aun a costa de provocar el rearme del nacionalismo español más montaraz y de entregar la Generalitat al nacionalismo catalán más insociable. El silencio del presidente del Gobierno, la inmovilidad total del PP, puede tener como consecuencia la radicalización del independentismo catalán, de manera que la opción secesionista termine asociada a Esquerra Republicana de Catalunya y a la CUP, convertidas en minorías mayoritarias más fuertes que una indefinida Convergència i Unió. Un escenario de fractura que tendría costes, pero que convendría seguramente a la maquinaria de poder del PP, dispuesta siempre a arrojar el precio de sus desgarros sobre las espaldas de las instituciones del Estado.

Todavía debería ser posible que quienes dentro del PP conocen la historia de España recapaciten y se opongan a una estrategia “catalana” que busque dejar la Generalitat en manos de los más radicales, con un PSC hundido y una CiU muy debilitada. Una estrategia que quiera hacer tan frágiles a los socialistas en Cataluña que no logren recomponerse electoralmente durante años en toda España. Que deje las instituciones en manos de ERC.

El resultado de una política semejante tendría muchos peligros. Puede que los brujos del PP piensen que la única carta que les queda, la única fractura con rendimiento electoral, es la batalla “nacional”, dado que la situación económica y del empleo no experimentarán mejoría apreciable y que hasta la batalla “católica”, tan querida por Alberto Ruiz-Gallardón, ha perdido toda su fuerza, con un Papa, Francisco, que parece más deseoso del diálogo que de la confrontación. Pero ni siquiera esa creencia, que alimentan los aprendices de Karl Rove dentro del PP, que sueñan con aniquilar al PSOE, podría justificar una estrategia con tantos riesgos y tan altos costes institucionales.

Quizá el PP se lance, pese a todo, por ese camino. Ojalá los ciudadanos hayamos aprendido para entonces cómo se resta y cómo se suma en política y no nos dejemos capturar en unas redes tan asfixiantes como las que mantienen que para desanimar al independentismo catalán lo mejor es reforzar el nacionalismo español. Ya sabemos cómo es todo eso. Ya sabemos lo que cuestan las “causas fracturantes” de las que habló hace tiempo José María Ridao.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/09/27/opinion/1380293420_132052.html?rel=rosEP

Confusa reforma penal

El Gobierno ha incluido la pena de “prisión permanente revisable” en la reforma penal anunciada el viernes pasado, haciendo caso omiso de las advertencias recibidas desde el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial y otros órganos. Ya existe una escala penal agravada de hasta 40 años de privación de libertad, introducida por el anterior Gobierno del PP, y es difícil de entender el agravamiento en un país de criminalidad relativamente baja. El empeño de crear algo parecido a la cadena perpetua, aunque revisable al cabo de 25 ó 35 años (según los casos) suena a gesto del Ejecutivo hacia sectores radicalizados, que exigen la perpetuidad o la pena de muerte tras crímenes de gran repercusión en la sociedad.

Por espantoso y condenable que haya sido el asesinato de dos niños a manos de su padre (caso Bretón), es muy dudoso que el criminal se hubiera detenido al saberse reo de una “pena de prisión permanente revisable”, en vez de los 40 años de cárcel a los que efectivamente se exponía y a los que ha sido sentenciado. La nueva pena propuesta será aplicable a homicidios terroristas, magnicidios, genocidios u homicidios en que las víctimas sean menores de 16 años o personas especialmente vulnerables.

Mezclados con los aspectos más autoritarios, la reforma incluye otros que responden a necesidades observadas en los últimos años, como la tipificación de las conductas de incitación al odio y a la violencia contra grupos minoritarios, los actos de acecho u hostigamiento a la mujer o forzarla a contraer matrimonio. También es positiva la penalización del robo digital de derechos de autor por parte de quien lo hace con ánimo de lucro, aunque haya quien cuestione las elevadas penas contempladas (de hasta seis años de cárcel). El Código Penal no será suficiente para resolver problemas que requieren una inversión paralela en educación y concienciación de la sociedad. Lo mismo cabe decir del intento de penalizar la difusión de mensajes que inciten a alterar el orden público, cuya aplicación debe estar cuidadosamente encuadrada y limitada.

Editoriales anteriores

No convence (09/09/2013)

Dureza de ley (12/10/2012)

Mucho más confuso resulta el paquete de medidas anticorrupción. Bien está introducir el delito específico de financiación ilegal de partidos políticos —inexistente como tal, hasta la fecha—, pero no la pretensión de desligar a los tesoreros de las direcciones de sus partidos, hasta el punto de que se les fija una comparecencia anual ante el Parlamento a ellos, y no a los presidentes o secretarios generales. ¿Se pretende constituir a los tesoreros en entes aparte, mientras los demás dirigentes se ocupan de grandes asuntos y de la política limpia? La pregunta es pertinente, porque la doctrina sugerida por dirigentes del PP y de Convergència respecto a los casos Bárcenas y Palau es esa. El diálogo ofrecido por Soraya Sáenz de Santamaría a la oposición debe servir para corregir en el trámite parlamentario los extraños enfoques sobre los que pivotan tales normas. fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/09/23/opinion/1379964383_383431.html

Democracia de calidad

Cualquier intento de deslegitimar el resultado de las elecciones es incompatible con la democracia representativa. Pero la democracia no puede vivir reducida a la aplicación aritmética de una mayoría. Esta semana toda la oposición ha vuelto a denunciar el bloqueo del PP a iniciativas que no le gustan sobre el caso Bárcenas, penoso corolario de un Parlamento convertido en un espectáculo de vetos y del consiguiente ejercicio del derecho al pataleo. Mal clima para intentar el pacto de “regeneración democrática” sugerido desde el Gobierno o para buscar soluciones de consenso al problema planteado por el independentismo en Cataluña, convertido en el desafío político de mayor envergadura.

La crispación de la vida pública contrasta con la corrección observada por los líderes de los partidos alemanes en su comparecencia conjunta ante las cámaras de televisión, un par de horas después de cerrados los colegios electorales en su país, hace una semana. Por no recordar la inmediatez con que un responsable político dimite en otras democracias, no solo por indicios de la supuesta comisión de un delito, sino por faltas de ética, como el plagio de un trabajo académico.

Editoriales anteriores

Tribunal hipotecado (18/09/2013)

Riesgo de parálisis (02/09/2013)

Crisis no solventada (02/08/2013)

No hay ninguna maldición que impida a España comportarse de modo similar a sus vecinos europeos. Lo que lo hace muy difícil es el estado de bronca política continua. Si no puede lograrse de la noche a la mañana la madurez del sistema parlamentario, al menos hay que impedir su reducción a la inutilidad. Eso requiere una flexibilidad mayor en la gestión de la mayoría absoluta, neutralidad por parte de la presidencia del Congreso y que la oposición mejore los esfuerzos para explicarse. En el debate y en los argumentos es donde ha de juzgarse la calidad de las propuestas y la seriedad de los actores políticos. Tampoco es admisible la exigencia de una disciplina de hierro a los parlamentarios, que no son soldados de un ejército, sino representantes de los ciudadanos. Hay que ir a los fundamentos de la democracia, a la transparencia y la responsabilidad, con mecanismos inscritos en normas que no precisen de reformas grandilocuentes, sino de hacer de la rendición de cuentas el principio rector de la tarea representativa.

Muchos expertos diagnostican la necesidad de abordar una reforma constitucional de amplio calado, que abarque desde el modelo territorial del Estado a las vigas maestras del sistema electoral. Pero abordar esa tarea resulta inimaginable sin contener los estériles partidismos que caracterizan el día a día de la política. Tampoco ayuda en nada que una institución tan sensible como el Tribunal Constitucional avale casi sin pestañear la falta de neutralidad política de su presidente.

El deterioro de la confianza de los ciudadanos en el sistema político es grave, como ponen de relieve múltiples encuestas, y puede ser irreversible si el Parlamento —del que emanan la mayoría de las instituciones del Estado— persiste en no saber ganarse el respeto.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/09/28/opinion/1380394372_425596.html